Junts per Catalunya se suma a abordar políticamente la crisis de la vivienda que sufre Catalunya. Los juntaires proponen ahora que el Parlament apruebe una ley de vivienda catalana y un mayor control con inspecciones y un registro para luchar contra el fraude con el abuso improcedente del alquiler de temporada. El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha presentado este lunes a una batería de 25 propuestas para abordar la problemática y blindar la vivienda como un "pilar fundamental del estado del bienestar". Después de las últimas manifestaciones masivas de arrendatarios en Barcelona y otras ciudades, Turull ha rechazado la propuesta del Sindicato de Arrendatarias de bajar un 50% los precios del alquiler y lo ha calificado de "populista".
Junts también ha rechazado el anuncio de una empresa pública de vivienda que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque asevera que las competencias en esta materia son autonómicas y, por lo tanto, corresponden a las instituciones catalanas. "Que no cuenten con nuestro apoyo para nada", ha afirmado Turull. Los juntaires, por su parte, optan por impulsar varias leyes en el Parlament y al Congreso de los Diputados para regular el alquiler de temporada y de habitaciones y la vivienda de uso turístico, en el caso catalán; y para poner a disposición de los municipios y de la Generalitat todos los suelos y viviendas de titularidad de la SAREB y asignar financiación para rehabilitarlos, en el caso del Congreso.
Entre las medidas que proponen desde Junts, subir a al menos 1000 millones de euros de fondo propios el presupuesto de la Generalitat destinado a la vivienda y movilizar entre 750 y 1000 millones más de otras fuentes; incrementar hasta 2.500 millones de euros anuales el Plan Vivienda actual y distribuirlos territorialmente en función de las necesidades; también aumentar los fondos estatales a políticas de vivienda del 0,23% al 0,45% del PIB, hasta los 6.500 millones de euros, que instan a destinar ayudas directas y ayudas plurianuales para promover precios asequibles. Con respecto a financiación, también proponen una financiación para poder rehabilitar unas 25.000 viviendas el año y así poner en el mercado los que ahora estén cerrados —y reducir el IVA de la rehabilitación al 10%—.
Más protección oficial
Con respecto a la construcción de vivienda de protección oficial, Junts propone incrementar el número hasta las 3.000 anuales y afianzar que toda transmisión se tiene que hacer con los topes de precio que corresponden en este caso; también establecer periodos de concesión de suelo público destinado a protección oficial para "incentivar la colaboración público-privada", si bien garantizando, apuntan, que se mantenga la titularidad pública perpetua del suelo y de la construcción. Añaden, también, "propiciar la figura del promotor social, e implantar el concepto de propietario social, que tendrán un carácter colaborador con las administraciones". Y que haya una reserva del 30% de las nuevas viviendas de protección oficial para los menores de 35 años y de un 10% por mayores de 65 años.
Evitar el fraude con el alquiler de temporada y habitaciones
Con respecto a los precios de los alquileres, desde Junts quieren propiciar que se pongan más viviendas en el mercado de alquiler con bonificaciones fiscales del IBI y otras tasas municipales "para incentivar a los propietarios", que tienen que cumplir el índice de Precios de Referencia de la Generalitat. Los juntaires también apuestan por una ley de alquiler de temporada y de habitaciones catalana, "para evitar el fraude" y más inspección y control para evitar el fraude con eso. También instan al Estado a recuperar la deducción del IRPF para alquiler de vivienda para los jóvenes menores de 35 años. Sobre la situación especialmente complicada de los jóvenes con la vivienda, además, en Junts instan al hecho que la administración avale la compra de la primera vivienda a los menores de 35 años, con un límite en función del territorio. Una condición territorial que también instan a poner con respecto a todas las ayudas o subvenciones estatales.
"Seguridad jurídica"
Con respecto a la seguridad jurídica, desde Junts instan a establecer un sistema de avales para las personas que pongan una vivienda en el mercado de alquiler en caso de impago del arrendatario, menos en el caso de grandes tenedores, entidades financieras, fondo de inversión o fondo de capital de riesgo. En este sentido, los juntaires apuestan también por modificar la ley penal para "instaurar una medida cautelar para la recuperación inmediata de la posesión de las viviendas ocupadas", es decir, facilitar y agilizar echar a los arrendatarios presumiblemente en caso de impago o en caso de ocupación. Además, quieren "revisar el concepto de gran tenedor" y eliminar la consideración esta "para los promotores sociales".