En el marco de la crisis por el acceso a la vivienda y sus precios prohibitivos, Junts per Catalunya se ha hecho suya una medida que impulsa su rama de Sant Cugat: los juntaires se muestran proclives a ampliar de tres a 10 años el tiempo de empadronamiento necesario en un municipio por optar en una vivienda pública. De esta manera, quieren "priorizar" a los residentes que hace más tiempo que viven en un municipio. El objetivo último es "impedir que nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera para tener un piso de vivienda pública", en los términos expresados por el alcalde de Sant Cugat y líder de Junts en la localidad, Josep Maria Vallès, en un comunicado emitido este miércoles.
"Creemos que muchos otros municipios catalanes también se beneficiarán de este cambio", afirma Vallès, que ha presentado la propuesta al presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una reunión en Waterloo, y a los grupos parlamentarios de la formación en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de los Diputados. Puigdemont, por su parte, ha aseverado que es "una demanda" que tienen sobre la mesa "de mucha gente" y afirma que tienen "en cartera" la intención de volver a la ley "como era antes". La norma a la que hacen referencia es la ley de vivienda de Catalunya 18/2007, que en el artículo 100 establece un tope máximo de tres años al mínimo de tiempo empadronado exigible para optar en un piso público.
Fuentes de los juntaires en Sant Cugat explican en declaraciones a El Nacional que el objetivo del gobierno municipal es hacer vivienda protegida "para la gente que nacido o vivido muchos años" en el territorio y aseguran que la propuesta responde a las quejas de muchos vecinos que lamentan que sus hijos, al llegar a la edad de emanciparse, habitualmente no consiguen una vivienda protegida de alquiler de compra asequible en su ciudad, no se pueden permitir una a precio de mercado, y se tienen que marchar a otras localidades.
"Más opciones" para la gente "nacida y criada" en el municipio
"Si viene alguien con tres años de padrón y uno que tiene 18 o 20 años, pues tienen las mismas opciones, y lo que quiere al alcalde es que a la hora de puntuar la gente nacida o criada en Sant Cugat tenga más opciones que los últimos llegados", detallan fuentes juntaires. Preguntados directamente por si llegan personas recién llegadas en situación vulnerable que pasan por delante de los jóvenes autóctonos a la hora de acceder en una vivienda pública y lo quieren evitar, las mismas fuentes lo descartan y aseveran que solo lo valoran desde un prisma de años de empadronamiento en la ciudad y no por circunstancias socioeconómicas: "En eso no nos metemos, cada uno tiene su situación. La motivación es que la gente que ha nacido aquí se pueda quedar aquí", resuelven.