La ley de amnistía encauza los días decisivos en el Congreso de los Diputados. Todavía sin confirmación pública del acuerdo entre Junts y el PSOE, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el socialista Francisco Lucas, ha informado este lunes a los grupos parlamentarios de que la comisión se reunirá el próximo jueves 7 de marzo. El PSOE se negaba a perder una nueva votación sobre la amnistía y aseguró hace unos días que solo llevaría la norma a votación en el Pleno del Congreso en caso de alcanzar un acuerdo con los de Carles Puigdemont. Además, de rebote, se desvanecen las dudas sobre si haría falta una nueva prórroga para negociar la norma durante más tiempo. En los últimos días, varias fuentes conocedoras de las negociaciones mostraban actitudes satisfactorias sobre el avance de las conversaciones. Así pues, los grupos se reunirán este jueves con el objetivo de debatir y aprobar un nuevo dictamen sobre la ley que tiene que reparar la persecución judicial a independentistas.
Pedro Sánchez necesita sacarse de encima la losa de la amnistía. El presidente del Gobierno pretendía tener encauzada la ley hace más de un mes y no esperaba que Junts per Catalunya la dejara en el congelador del Congreso el pasado 30 de enero. Desde entonces, ambas formaciones han seguido negociando para encontrar la solución, situándose las dos formaciones en puntos totalmente antagónicos al inicio de las conversaciones: los independentistas reivindicaban incluir dentro de la amnistía cualquier delito de terrorismo y de traición, mientras que los socialistas veían incompatibles estas exigencias con pasar los filtros del Tribunal Constitucional y de la justicia europea.
El motivo por el que el Gobierno necesita sacarse de encima la amnistía se debe al desgaste que arrastra en las últimas semanas. Desde que Sánchez fue investido el pasado mes de noviembre, que su ejecutivo no consigue arrancar la legislatura con fluidez. Junts per Catalunya es la formación que convierte en más agónica la aritmética del Congreso. El caso Koldo, paradójicamente, ha permitido a los socialistas mantener silenciadas las negociaciones con Junts per Catalunya. El PSOE, de la misma manera, también tiene asumido que los presupuestos dependen directamente de la ley de amnistía, y tienen cuello abajo que la formación capitaneada en Madrid por Míriam Nogueras no dará su luz verde a las cuentas si hay un pacto sobre la norma.
Un retorno al 23 de enero y con la posibilidad de introducir cualquier cambio
El texto que estará sobre la mesa el jueves será el que aprobó la Comisión de Justicia el pasado 23 de enero, en el que Junts, ERC y el PSOE convergieron a incluir un añadido que especifique y delimite qué se considera terrorismo. Sobre aquel redactado, el PSOE y Junts, con el apoyo de Sumar y del resto de socios de investidura de Sánchez, pueden añadir ahora, a través de nuevas transaccionales, cualquier modificación que hayan acordado. Todavía quedan vivas, por ejemplo, las modificaciones que presentó Junts con la firma del PNV y que registraron Junts y ERC de la mano con el objetivo de matizar las excepciones del terrorismo y de los delitos de traición de la amnistía, viendo las decisiones de jueces como Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, maniobrando para torpedear la aplicación de la amnistía e intentando que Carles Puigdemont y Marta Rovira quedaran fuera.
Justamente la semana pasada, el Tribunal Supremo abrió una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont por el caso del Tsunami Democràtic en contra el criterio de la Fiscalía. Eso se suma a los intentos del magistrado Aguirre de implicar a Puigdemont en una supuesta trama rusa para conseguir la independencia.