Junts llevará al debate de política general una propuesta de resolución para que el Parlament de Catalunya regule el alquiler de temporada. Lo hace después de que el partido de Carles Puigdemont rechazara la ley que propuso el Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero es que argumentan que todas las leyes en materia de vivienda se tienen que legislar desde el Parlament de Catalunya, porque son competencias de la Generalitat. "Constata que las competencias en política de vivienda son exclusivas de la Generalitat de Catalunya", dice la propuesta de resolución que el grupo parlamentario de Junts presentará a la Mesa del Parlament. De hecho, también piden que el Govern de Illa pida al Estado español que aplique bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas para incentivar la oferta del mercado de alquiler y compra. Es aquí donde los juntaires también proponen bonificaciones fiscales por los alquileres de temporada siempre que no suban más de un 30% el precio que marca el índice de referencia, así como aplicar la bonificación del IVA en los casos de viviendas de obra nueva.
En el mismo redactado, los juntaires instan al Govern a crear "urgentemente un cuerpo normativo integral" que tiene que servir para unificar toda la legislación en esta materia. "Que establezca las herramientas transversales normativas (urbanística, civil, fiscal y la misma normativa que regula el derecho a la vivienda) para resolver la actual crisis habitacional", aseguran en el redactado de la propuesta de resolución. Es aquí donde el grupo parlamentario encabezado por Albert Batet insta a regular, a través de este cuerpo, la figura del carácter temporal en Catalunya, el régimen del uso turístico de las viviendas y el contrato de habitación para evitar el fraude de ley en el uso de estas figuras.
Cuando Junts tumbó esta ley en el Congreso de los Diputados, también argumentaban que "estaba mal hecha" y que provocaba "inseguridad jurídica". Por eso, en lo mismo redactado incluyen la "creación de un ente de resolución alternativa de conflictos entre propietarios e inquilinos que den seguridad jurídica y establecer un refuerzo de los procesos de inspección y del régimen sancionador". En el mismo texto, Junts también subraya que hay que garantizar "la máxima transparencia con el fin de conocer el número de viviendas públicas existentes a Catalunya", así como "establecer plazos de concesión más largos de los actuales para fomentar la construcción de viviendas con colaboración público-privada, garantizando la titularidad del suelo".
Igualar la media europea de parque público
Entre el plan de choque que propone Junts per Catalunya en materia de vivienda, también incorporan la idea "de impulsar un plan de choque para acelerar el desarrollo de sectores urbanizables en zonas con el mercado tensado", así como "hacer que haya viviendas reservadas para jóvenes menores de 39 años y para personas de 65 años". Al mismo tiempo, también pide al Parlament que inste al Govern a igualar la media europea del parque de vivienda público y a destinar, al mismo tiempo, las cantidades necesarias en políticas de vivienda para satisfacer la demanda, destensar los precios del mercado, con especial apoyo a los hogares catalanes del país, impulsando la colaboración público-privada y publico social.
En este punto, está donde Junts per Catalunya propone que el Govern pida al Estado de poner a disposición de los municipios y Generalitat los soles residenciales de la SAREB para destinarlos a la ampliación del parque público del alquiler asequible con la financiación suficiente para proceder a su rehabilitación. "Son 3.000 solares y hasta ahora solo han cedido 12", dijo este martes Mònica Sales.
En esta línea, los juntaires también piden aumentar el 99% la bonificación actual del impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la adquisición de la primera vivienda que se convierta en residencia habitual para jóvenes de hasta 39 años. Desde Junts, además, también piden la creación de la figura del crédito aval joven con la finalidad de que la administración competente pueda avalar la entrada en la compra de un piso o la presentación de la fianza en el alquiler de viviendas para los menores de 39 años.
Entre las otras propuestas que Junts llevará al Parlament, es la de reclamar al Govern de Salvador Illa que "emprenda las acciones legales ante las instancias necesarias contra las autoridades judiciales que se nieguen a aplicar la ley de amnistía". Así consta en una propuesta de resolución que el grupo ha registrado en el marco del debate de política general, que también insta el president de la Generalitat a "no normalizar las relaciones" con el rey Felipe VI hasta que no "pida disculpas" por el discurso del 3-O. En otra de las iniciativas, el partido de Carles Puigdemont apuesta por un "concierto económico" fuera de la LOFCA. Tiene que incluir "una metodología para calcular la cuota que la Generalitat pagará en el Estado", por los servicios prestado y una "aportación solidaria" decidida “exclusivamente” por Cataluña.
En cuanto a la lengua, la propuesta de resolución de Juntos "reconoce" que el catalán está "en emergencia lingüística" e insta la Generalitat a dotar el nuevo Departamento de Lingüística con un presupuesto y estructura propios, diferentes de los de Cultura. También reclama al Govern que garantice que "los ciudadanos de Cataluña puedan vivir plenamente en catalán", haciendo que los servidores públicos "dispongan del nivel necesario". Adicionalmente, piden al ejecutivo que "se persone en los procesos de discriminación lingüística".
Infraestructuras e inmigración
En la propuesta de resolución sobre el "reto demográfico", el partido "manifiesta la necesidad de asumir la delegación de la gestión integral de competencias en materia de inmigración", e insta el Gobierno a crear una Agencia Catalana de la Inmigración, tal como recogen también las ponencias que Juntos debatirá en su congreso. De otra manera, piden iniciar, en un plazo máximo de 3 meses, los trabajos para redactar un nuevo Pacto Nacional por la Inmigración.
En cuanto a las infraestructuras, Juntos insta el Gobierno a "obtener del Estado el traspaso integral del aeropuerto del Prat y del resto de aeropuertos catalanes de interés generales" y de la red de Cercanías, con los recursos económicos necesarios. También reclaman la delegación de las "competencias hídricas llenas en todo el ámbito territorial de Cataluña".