"No hay malversación". Con esta contundencia se expresan desde Junts per Catalunya sobre los hechos por los cuales el pasado viernes se abrió juicio oral contra los diputados de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, y contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. En pleno debate sobre si, al tratarse de una investigación por presunta malversación, haría falta que la Mesa debatiera la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament que contempla la suspensión de diputados en el supuesto de apertura de juicio oral, en Junts cierran filas y dejan clara su posición: descartan pedir a la Mesa del hemiciclo que estudie si se tiene que suspender a Jové y Salvadó. Según recoge la ACN, el partido sostiene que "el referéndum del 1 de octubre no es delito" y por eso afirman que "no se cometió malversación". La posición se ha acordado este lunes en el seno de la ejecutiva.
El pasado viernes, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ya explicaba que el grupo parlamentario votaría en contra de la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament, porque daba por hecho que la cámara catalana lo aplicara. De hecho, es con este artículo con el cual la Mesa del Parlament acordó en julio su suspensión como presidenta del hemiciclo después de que se anunciara la apertura de juicio oral. En la misma línea se había pronunciado Aurora Madaula, secretaria segunda de la Mesa y representante de Junts en este órgano de gobierno de la cámara. Madaula apuntaba que el caso de Jové y Salvadó "se tiene que llevar a la Mesa", pero subrayaba que en este caso ella votaría en contra de la aplicación del 25.4. El entorno de Laura Borràs reprocha que ahora "lo que no puede pasar es que se anuncie la apertura de juicio y la Mesa no tome ninguna decisión", aunque sean contrarios a suspender a Jové y Salvadó.
¿Qué dice el artículo 25.4 del reglamento del Parlament?
El artículo 25.4 del reglamento del Parlament recoge qué tiene que hacer la cámara "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción". "La Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata", indica. El texto añade que "si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, hace falta el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados".
Hoy por hoy, los casos de Jové y Salvadó no figuran en el orden del día de la reunión que tendrá la Mesa este martes, pero cualquiera de los integrantes del órgano del gobierno (que ahora forman 2 miembros de ERC, 2 del PSC, una de Junts y uno de la CUP) de la cámara tiene la potestad de plantearlo a lo largo del encuentro. Por parte de los republicanos, no hay debate: "No nos sintamos interpelados por este artículo —el 25.4—. No estamos ante un caso de corrupción, sino de personas acusadas por haber contribuido a poner las urnas", ha defendido este lunes Marta Vilalta, portavoz de ERC. "Quien crea que el 1-O es corrupción, habrá perdido el juicio", ha aseverado. Paradójicamente, el PSC defiende que "el reglamento se tiene que cumplir siempre" y que "se tiene que observar la implicación que tiene para todos los diputados". En conclusión, los socialistas creen que es "un tema que tiene que decidir la Mesa" y, por lo tanto, que este órgano tendría que pronunciarse sobre si suspenden a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a quien el TSJC les abrió juicio oral el viernes por malversación, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos oficiales por la preparación del referéndum del 1 de octubre.