Junts per Catalunya pone dos medidas encima de la mesa para revertir la infrafinanciación de Catalunya: la condonación de la deuda del fondo de liquidez autonómica (FLA) y las competencias para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos. Así consta en las conclusiones que ha registrado la formación independentista en la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Catalunya, a las cuales ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias. También cifran esta deuda histórica en unos 450.000 millones de euros. Según sus cálculos, la partida más grande corresponde a la infrafinanciación en el ámbito de las políticas sociales (375.000 millones), seguida del déficit de infraestructuras (50.900 millones) y las pensiones (30.000 millones).

En declaraciones a la ACN, el diputado de Junts, Joan Canadell, señala que "son cifras astronómicas, que afectan claramente al bienestar de la sociedad." En este sentido, constata cómo "los catalanes somos los duodécimos en bienestar en el Estado español, cuando nos correspondería ser los cuartos, y los 135 a niveles europeo, cuando los vascos y los navarros son el 48 y el 50". Es por eso que, en primer lugar, desde Junts plantean reclamar la condonación de la deuda del FLA, que sitúan en 80.000 millones de euros. "Este endeudamiento lo hemos tenido que asumir porque hemos tenido déficit fiscal", asegura Joan Canadell. La condonación, sostienen en las conclusiones, "supondría una reducción parcial de la deuda histórica".

Competencias para recaudar todos los impuestos

Por otra parte, el grupo pide "disponer de las competencias suficientes para que la Agència Tributaria de Catalunya recaude todos los impuestos". En este sentido, el diputado de Junts apunta: "Hace falta que tengamos la clave de la caja, y si hace falta negociemos una cuota de solidaridad hasta que tengamos un estado independiente". "No propongamos un nuevo sistema de financiación. Todos los sistemas que se han hecho no han solucionado el problema", defensa Canadell. Además de estas dos medidas, las conclusiones también plantean la creación de un sistema propio de pensiones, a través de una Agencia de Seguridad Social Catalana; que el Estado ceda al Estado el 19% de los fondos europeos Next Generation con efectos retroactivos, o el pago de la deuda de la disposición adicional tercera.

La Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Catalunya (CEDHEC) se constituyó en mayo del año pasado a propuesta de Junts y con el apoyo de ERC y la CUP. Han comparecido una docena de expertos, como el exconseller Andreu Mas-Colell o los economistas Oriol Amat y Guillem López Casasnovas.

Buscar el consenso independentista

La comisión de estudio tenía que debatir y aprobar este martes sus conclusiones, pero finalmente la sesión fue pospuesta por acuerdo de la Mesa y los portavoces. Desde Junts ven positivamente el aplazamiento y señalan que eso da más margen para consensuar un "documento único" con ERC y la CUP. Canadell sostiene que el informe que salga se tiene que "enviar" a las instituciones europeas para negociar activos y pasivos "en un hipotético procés de secesión".

En sus conclusiones, registradas la semana pasada, ERC también apuesta para que la Generalitat recaude todos los impuestos mientras Catalunya no sea independiente, a través de una ley de financiación singular. Los republicanos proponen una ley de financiación singular para Catalunya que ponga en manos de la Generalitat la gestión y la recaudación de los impuestos. El grupo que preside Josep Maria Jové también prevé medidas de reparación previas para paliar la deuda histórica económica acumulada por el Estado. ERC considera "absolutamente necesario" compensar la infrafinanciación, teniendo en cuenta que el nuevo modelo solo corregiría el déficit a partir de la entrada en vigor de la nueva propuesta de ley. Los republicanos también concluyen que la aportación de Catalunya a la seguridad social ha sido, de forma continuada, mucho mayor que las prestaciones recibidas. Por  lo cual, delante de una Catalunya independiente, defienden que el Estado tendría que compensar las futuras pensiones de las personas que tendrán derecho a recibirlas en un futuro una vez jubiladas.