Junts per Catalunya quiere saber qué piensa Pedro Sánchez de las decisiones del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación del procés y mantener en vigor la orden de detención de Carles Puigdemont. Para intentarlo conseguir, los juntaires votarán a favor de la petición de comparecencia que registró el PP y que hoy se vota en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, Junts da un giro de 180 grados al argumento del PP, que pedía explicaciones directamente sobre la no detención de Puigdemont. “El problema no es el presidente Puigdemont, el problema son los jueces y el Supremo que se niegan a aplicar una ley que se ha aprobado en el Congreso”, ha esgrimido la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. “Queremos saber cuál es la opinión de Sánchez”, ha añadido.
De hecho, durante el mes de agosto, Junts ha criticado con dureza la posición del PSOE y del Gobierno frente al Tribunal Supremo. El secretario general del partido, Jordi Turull, reprochó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que no estén actuando ante la no aplicación de la amnistía. “No es suficiente con criticar, si alguien sabe que se comete un delito, y eso presuntamente es un delito de prevaricación, tiene que actuar”, argumentó en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. Y en una rueda de prensa, consideró que el Gobierno “podría hacer bastante más” para la aplicación efectiva y total de la amnistía: “Se tendría que actuar jurídicamente contra los jueces que han decidido no aplicar la ley contra determinadas personas”, afirmó. Por su parte, Eduard Pujol disparó contra la “cobardía” del Gobierno y lamentó que, ante la “prevaricación judicial del Supremo, saltándose, no obedeciendo y no respetando lo que se aprueba en el Congreso”, la Moncloa “permita que no se aplique una ley legal y vigente”.
¿Y qué ha dicho el Gobierno? Justo después del retorno y posterior marcha de Puigdemont, el ministro Óscar Puente acusó al juez Pablo Llarena de haberse “extralimitado” con una interpretación de la amnistía que “no hay por donde agarrarla” y el ministro Félix Bolaños reiteró la “discrepancia” con los jueces del Supremo, que se quedaron solamente al lado de Vox. El PP reprobó el “señalamiento” a Llarena y los vocales conservadores fracasaron intentando que el Consejo General del Poder Judicial cargara contra Puente.
El PP quería pedir explicaciones sobre la no detención de Puigdemont
En su solicitud, el PP quería que Sánchez explicara en el pleno del Congreso las “razones” por las que Carles Puigdemont “pudo pasearse el día 8 de agosto por Barcelona, incluso celebrar un acto público, sin que se procediera a su detención, a pesar de tener una orden de arresto cursada por el Tribunal Supremo” y detalle las “acciones que había emprendido su gobierno para evitarlo”. Y es que desde el primer día, el PP ha responsabilizado a la Moncloa, al PSOE y al PSC del regreso y posterior marcha de Puigdemont y ha pedido el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por las “negligencias” en la no detención. En cambio, desde el Gobierno, han insistido reiteradamente que la responsabilidad “exclusiva y directa” de la marcha de Puigdemont fue de los Mossos. En su respuesta al juez Pablo Llarena, el Ministerio del Interior relató que la policía española no pudo detectar a Puigdemont en la frontera, pero esgrimió que ofreció apoyo a la policía catalana y que esta no fue “requerida”.