Junts per Catalunya reclama que se revierta el decreto del Gobierno que facilitó deslocalizar las sedes de empresas catalanas durante el procés en 2017. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha incidido también que después se sancionen las que no quieran volver y se incentiven con medidas fiscales las que estén en Catalunya. Lo ha dicho en una entrevista a SER Catalunya donde también ha desvinculado esta acción de la aprobación o no de los decretos que engloban medidas sociales en el Congreso este miércoles. Sobre la opción de sacar adelante los decretos a través de un proyecto de ley para después modificarlos durante el trámite parlamentario, Rius ha afirmado que es insuficiente porque es un proceso que se puede "eternizar".
El portavoz ha insistido en que están en contra "de unos cuantos elementos" de los decretos porque "agravan la infrafinanciación" del Gobierno y pueden demorar la efectividad" de la aplicación de la ley de amnistía. "No queremos que en la primera curva quede impedida", ha dicho sobre la amnistía. Rius ha advertido que se tienen que retirar los tres decretos y "rehacerlos temática por temática". "El PSOE confunde negociar con informar", ha aseverado. "No se puede dar la política de hechos consumados", ha continuado. Aparte de la amnistía y la financiación, Rius se ha mostrado en contra de la subida del IVA de la electricidad y el gas y ha pedido que el IVA del aceite sea cero.
También se ha mostrado contrario a la propuesta de digitalización de la justicia, ya que, a pesar de admitir que es "necesaria", ha apuntado que "no tiene en cuenta, en el caso de Catalunya, las competencias penitenciarias y en Mossos d'Esquadra y que, por lo tanto, hay un porcentaje de esta digitalización que tendrá que acabar asumiendo la Generalitat".
Estudian la filtración del caso de acoso de Casol
Sobre la nueva denuncia por acoso de la diputada de Junts Cristina Casol delante de la Oficina de Igualdad del Parlamento, el portavoz de la formación se ha mostrado preocupado por el hecho de que se haya roto el "principio de confidencialidad". Así pues, ha informado que "se están estudiando medidas para ver cómo se ha roto este principio" y cómo se ha filtrado el caso de Casol a los medios de comunicación. La diputada de Junts denunció su grupo parlamentario en noviembre. Casol, número 2 por Lleida en las elecciones del 2021, acudió a la Oficina d'Igualtat del Parlament para denunciar un presunto caso de "acoso en razón de género". La cámara activó el protocolo de igualdad, y ahora hay una investigación que lleva la empresa externa Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress).