Paso importante de Junts per Catalunya (JxCat) en la comisión de investigación de la operación Catalunya del Congreso de los Diputados para aclarar implicaciones de organismos españoles e internacionales. El diputado Josep Pagès ha pedido a la mesa de la comisión que reclame una serie de información al Gobierno para aclarar la participación de la autoridad antiblanqueo española en la guerra sucia contra políticos y empresarios catalanes y también contra los extitulares de la Banca Privada de Andorra (BPA). Y es que ciertos testimonios han confirmado a la comisión que elServicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), vinculado al Ministerio de Economía y Hacienda, también participó en la guerra sucia contra el independentismo catalán, como ha documentado ElNacional.cat.
En concreto, Pagès solicita los correos electrónicos internos del Sepblac donde aparezcan estas palabras clave: "Pujol, Trias, Mas, Puigdemont, Junqueras, Rosell, Puig, Catalunya, ANDORRA Sumarroca, Monje, FC Barcelona, Cierco, Boye, Madí, Vinyals, Miquel Prats, Dagá, Grífols, Venezuela, venezolanos, Villalobos, Petrov, rusos, Gao Ping, chinos y UIFAND (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra)".
"Consecuencias reales"
"Junts valora muy positivamente las nuevas noticias sobre la operación Catalunya. Pero, consideramos que el Seplac es un órgano clave por el engañó a los Estados Unidades sobre la BPA, y que hay que desclasificar documentos para que haya unas consecuencias reales", ha manifestado el diputado de Junts Josep Pagès a ElNacional.cat este miércoles. Pagès ha añadido que para su partido la comisión de investigación "va más allá del gobierno del PP" y quiere aclarar la implicación de los órganos y estructuras del Estado. "El objetivo de Junts no es contra un gobierno concreto de la derecha o la izquierda española, sino de órganos concretos y de las estructuras del Estado", ha asegurado el diputado del partido que preside Carles Puigdemont.
Ciertamente, después de las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros, las nuevas informaciones han conducido a un bucle centrado en el gobierno del PP, ya sabido, sin profundizar nada más. Además, todas las querellas que han presentado políticos y empresarios catalanes no han prosperado en juzgados españoles. Solo queda vivo el procedimiento en Andorra, contra el expresidente Rajoy y sus exministros, a pesar del bloqueo que se mantiene desde juzgados españoles para que no sean interrogados.
La guerra sucia en Andorra
Una decisión clara ha sido la de Junts y Esquerra Republicana que han pedido al Congreso de los Diputados que solicite a la Fiscalía que investigue a Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y Alicia Sánchez-Camacho por haber mentido en la comisión sobre la operación Catalunya, a pesar de la multitud de audios que acreditan que aquel Gobierno del PP orquestó información falsa contra el independentismo.
Ahora, Junts, con la nueva petición, se adelanta y reclama documentación para tener pruebas sobre la vinculación de ministerios y órganos económicos. Así, además del Sepblac, Josep Pagès, también ha solicitado que se aporte información sobre diferentes casos judiciales. También todos los informes GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información), de la policía española sobre la operación Catalunya registrados como AEC (Operaciones en Cataluña), Operación Pujol, Operación Barna u Operación Catalunya. En el escrito, Pagès afirma "es necesario obtener, entre otros, la documentación relativa a todas las investigaciones sobre Catalunya y Andorra registradas por la Policía en el sistema GATI entre septiembre de 2012 y hasta diciembre de 2020, incluyendo, sin limitaciones, todos los documentos, así como su procedencia y fecha registradas en el sistema. Según publicaciones en la prensa y declaraciones de los comparecientes, sumarian unas 72 entradas o informes".
Además, el diputado de Junts reclama toda documentación que la policía española o Guardia Civil envió a la autoridad financiera de los Estados Unidos (FInCEN) o a cualquier otra institución norteamericana (FBI, DEA) informando sobre la Banca Privada de Andorra. Y detalla que "es necesario obtener el informe remitido por el comandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo desde el SEPBLAC al FinCEN de los Estados Unidos al que él mismo se refirió en un programa de los servicios informativos de Telecinco, concretamente en un reportaje de marzo de 2015".
Los hermanos Cierco -amenazados por la policía patriótica, cunado eran los titulares de la BPA- presentaron una demanda en los Estados Unidos para obtener información sobre la nota en el FinCEN que provocó la intervención y cierre de la BPA y el Banco Madrid, con la información recibida desde el Estado español; no lo consiguieron porque este comunicado fue retirado de su registro oficial.
Hay que recordar que todas las investigaciones contra Banco Madrid fueron cerradas en el Estado español sin detectarse ninguna infracción administrativa ni penal. Por el contrario, las autoridades andorranas tienen que hacer pública el próximo julio la sentencia contra l'exCEO de la BPA, Joan Pau Miquel, y otros trabajadores del banco, a pesar de aclararse que no actuaron de forma irregular.