Junts per Catalunya ha registrado una enmienda a la totalidad a las dos proposiciones de ley que suben la fiscalidad al Hard Rock del 10% al 55% y presentadas por Esquerra Republicana y los Comuns. Mientras el Parlament instó este juevesal Govern de Illa a impulsar el Plan Director Urbanístico (PDU) del complejo de ocio que se tiene que situar entre Vila-seca y Salou (con los votos a favor de Junts y PP, y la abstención del PSC), los socios de investidura (PSC, ERC y Comuns, con la CUP) sacaron adelante este miércoles dos proposiciones de ley para intentar obstaculizar el proyecto en el Camp de Tarragona.

Con la enmienda a la totalidad presentada por Junts, se espera que el Partido Popular también vaya por el mismo camino y rechacen el aumento de la fiscalidad al juego. Y es que los juntaires argumentan que el proyecto no se basa solo en casinos, sino en acontecimientos culturales, congresos y acontecimientos empresariales. Eso hace que el proyecto pueda continuar vivo, y todavía más si el Govern acaba aprobando el PDU, tal como le reclamó el Parlament.

Junts avisa de posibles indemnizaciones

Aparte de la enmienda a la totalidad de los juntaires, el grupo parlamentario también presentará una solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias por la inseguridad jurídica que puede plantear este cambio de condiciones y el coste económico que puede suponer para la Generalitat de Catalunya. De hecho, tanto Junts como el PP ya alertaban en sede parlamentaria que el aumento de la fiscalidad podría provocar que el Govern esté obligado a indemnizar a las empresas generadoras del proyecto.

Según la portavoz juntaire, Mònica Sales, "esta decisión afectará económica y socialmente a las comarcas del Camp de Tarragona y también a las cuentas de la Generalitat, una vez celebrado un concurso público y una adjudicación que han generado compromisos económicos y jurídicos". Durante el pleno celebrado esta semana en el Parlament de Catalunya, Sales reiteró la necesidad de iniciar un proceso de escucha activa en el sur del país sobre el CRT, como se hizo "durante casi un año" con la aprobación de la Ley 6/2014, el embrión del proyecto. En este sentido, pidió "el mismo rigor" que se siguió entonces y que permitió las comparecencias parlamentarias de todos los actores implicados. "Si quieren ser el gobierno de todo el mundo, escuchan a todo el mundo", recriminó al PSC.

Según su opinión, tramitar por lectura única las modificaciones de ley fusionadas responde "a la voluntad de hacer las cosas mal". Por eso, Sales armó que los socialistas defendieron el proyecto en la campaña electoral de hace medio año y que ahora su cambio de posición es "altamente preocupante porque el sur no podemos ser moneda de cambio".

Un proyecto que viene de lejos

El Hard Rock ha sido uno de los temas más hablados de los últimos años. El PSC pidió sacar adelante el proyecto como condición para dar apoyo a los presupuestos del 2023, junto con una comisión para la modernización del aeropuerto del Prat y la B-40. El año siguiente, fue el argumento que explicitaron los Comuns por no dar apoyo a los presupuestos de Pere Aragonès, quien, a raíz de eso, convocó elecciones anticipadas. Sin embargo, meses más tarde, el PSC aceptaba las peticiones de ERC y los Comuns de subir los impuestos a los casinos para dificultar el proyecto en el marco de los acuerdos para la investidura de Salvador Illa.

El proyecto nace a principios del 2010, con el impulso de Barcelona World. Entonces, fue cuando el Govern de Artur Mas decidió rebajar radicalmente la fiscalidad al juego del 55% al 10%, con un proceso parlamentario que duró un año y en el cual participaron los alcaldes del Camp de Tarragona.