Tal como anunciaron durante la sesión de control al Govern este miércoles, Junts per Catalunya ha registrado una proposición de ley de medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la sequía. El miércoles, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, reprochó al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern no haya impulsado los cambios a los cuales se había comprometido para incorporar en el decreto ley de medidas para combatir la sequía. En esta línea, los juntaires presentan esta proposición porque el actual decreto "no contempla que la contratación de las inversiones urgentes puedan hacerse por el trámite de urgencia, no contempla una moratoria en el régimen sancionador a los ayuntamientos y no contempla garantizar las inversiones más urgentes y necesarias para ayudar a los ayuntamientos y sacar adelante proyectos clave y medidas especiales para sectores especialmente afectados como las explotaciones agrícolas y ganaderas del país". El objetivo de la proposición es precisamente incorporar todos estos elementos y solicitan que esta se tramite por el procedimiento de lectura única.
La esencia de la propuesta recoge que el régimen sancionador previsto para los ayuntamientos que incumplan el decreto ley del Govern entre en vigor el 1 de julio, aplicando así una moratoria hasta la entrada del verano. Por otra parte, los expedientes de contratación de obras, suministros y servicios necesarios para combatir la sequía serán "objeto de tramitación de emergencia", como también las "obras y actuaciones" que ya constan en el Decret Llei 1/2023 del Govern. Desde Junts, defienden que estas actuaciones se tienen que poder agilizar y la manera de hacerlo es que estos procedimientos para impulsar las inversiones se tramiten con la misma celeridad que se permitió durante la pandemia del coronavirus.
En más, la proposición de ley recoge que la Agència Catalana de l'Aigua asuma "la totalidad de los costes derivados de las obras y actuaciones urgentes y prioritarias que corresponda" de los entes locales. En este sentido, los juntaires remiten a un remanente de tesorería de 500 millones de la ACA, cuantía que plantean destinar a la licitación y ejecución de la desalinizadora de la Tordera, la licitación y ejecución de una nueva desalinizadora en la zona de Cubelles, destinar 50 millones a los municipios para que puedan hacer inversiones para mejorar sus redes de suministro, 50 millones adicionales para Aigües Ter-Llobregat orientados a "actualizar la red de tratamiento" y 50 millones más por activar terciarios. El texto también plantea que el Govern impulse en un periodo máximo de un mes un plan de choque de garantía de la producción de alimentos para incluir medidas que "garanticen la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas del país ante la gravedad de la afectación provocada por la sequía".
"No se puede gobernar de espalda al Parlament"
Junts per Catalunya ya hizo este anuncio durante la pregunta al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Albert Batet defendió que, con la sequía, "el país se juega mucho" y que "si no cambian de actitud y no hacen el trabajo, la haremos desde el Parlament de Catalunya". El presidente del grupo parlamentario juntaire recordó a Aragonès que el decreto prosperó porque se abstuvieron ellos en la votación y que, más adelante, prosperó una moción con 111 votos favorables que instaba al ejecutivo a llevar un nuevo decreto sobre la sequía: "No se puede gobernar de espalda al Parlament, una vez más ha venido sin el trabajo hecho". "Cuando hablamos de credibilidad, nos referimos a esta actitud de decir una cosa y hacer otra", lanzaba.