Nueva mañana de incertidumbre en el Congreso de los Diputados. Y otra vez que se ha resuelto a última hora. En esta ocasión, a raíz del Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. La mayoría de la investidura se tambaleaba porque Junts per Catalunya presentó hace semanas una enmienda a la totalidad de devolución a la iniciativa del Gobierno. Sin embargo, los juntaires han anunciado pocos minutos antes de arrancar el debate que, tras negociar con la Moncloa, han retirado el veto después de “haber conseguido blindar las competencias de Catalunya”. Así lo ha explicado el diputado Eduard Pujol en una comparecencia ante los medios en la que no ha aceptado preguntas de los periodistas.

Junts pone sobre la mesa lo que presentan como un “nuevo mecanismo” para garantizar que, con sus votos, “no se aprobará ninguna ley que no refuerce y respete Catalunya”. Es lo que han denominado la “enmienda Catalunya”, una “cláusula que hace respetar siempre las competencias de Catalunya, las que le corresponde gestionar y son exclusiva del Govern”. Pujol no ha aclarado como se traduce esto, pero todo hace pensar que será una enmienda al articulado que registrarán, y que tendrá la complicidad del PSOE y Sumar, para explicitar el respeto a las competencias de la Generalitat. De hecho, uno de los elementos que los juntaires denunciaban en la enmienda que registraron era que la propuesta del Ministerio de Cultura “ni siquiera prevé y delimita que el alcance de las potestades administrativas que se quieren atribuir en la nueva Oficina se tiene que establecer sin perjuicio de las competencias que corresponden a esta materia a las comunidades autónomas”.

En su escrito, Junts sostenía que el texto de la Moncloa “no tiene en cuenta el marco competencial de la Generalitat de Catalunya”, a quién “corresponde la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual”, que incluye “la autorización y la revocación de la autorización de las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Catalunya” y las “tareas complementarias de inspección y control de la actividad de estas entidades”. El rechazo de la formación liderada a Madrid por Míriam Nogueras, sumado al que había registrado Vox, dejaba la Moncloa a merced del PP: era necesario que los populares avalaran la tramitación del proyecto de ley para que pudiera continuar su recorrido parlamentario. Sin embargo, el PP, que ya provocó hace dos semanas que el Gobierno tuviera que retirar la ley del suelo ante la incertidumbre sobre la votación no había anticipado cuál sería el sentido de su voto.

En marzo de 2023 PP y Junts votaron a favor de la tramitación del texto

Este proyecto de ley registrado por el Gobierno es una de las iniciativas que caducaron por el adelanto electoral y que la Moncloa recuperó poco después de la investidura de Sánchez. Por lo tanto, ya hay debates precedentes en el Congreso. Hace poco más de un año, la cámara baja debatió el texto y solo tuvo sobre la mesa una enmienda a la totalidad de Vox. El pleno la rechazó con 289 votos en contra, los de todo el hemiciclo, incluidos los de Junts y PP. Vox y UPN fueron los únicos partidos que votaron en contra del texto. De hecho, durante el debate, solo intervinieron Vox, el PNV, Ciudadanos, Unidas Podemos, el PP y el PSOE. Junts y ERC ni siquiera tomaron la palabra. Eso sí, tanto republicanos como juntaires presentaron enmiendas al articulado para matizar y mejorar el redactado de la ley.