Las diputadas en el Parlament de Catalunya Alcalá (PSC-Units), Raquel Sans (ERC) y Susanna Segovia (Comuns) han defendido una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados para que algunos delitos sexuales a menores no prescriban. De hecho, es una ley aprobada en el Parlament de Catalunya, pero como la cámara catalana no tiene competencias para cambiar el Código Penal español, han tenido que defenderlo en el Congreso de los Diputados. La cámara baja ha avalado tramitarla como primer paso, pero los diputados de Junts no han quedado del todo contentos. Primero, porque los juntaires aseguran que las tres formaciones han "vetado" que un diputado de Junts en el Parlament fuera el cuarto integrante a defender esta ley. "Al Congreso, desprecio de PSC, ERC y Comuns en el Parlament, porque excluyen al principal grupo de la oposición", ha dicho la portavoz de Junts en la cámara catalana, Mònica Sales, en X.

Pero la cosa no ha quedado aquí. Desde Junts han criticado que PSC y Comuns hayan hecho sus intervenciones prácticamente íntegramente en castellano. "Menosprecio a la lengua catalana por parte de PSC y Comuns porque actúan en representación del Parlament y la excluyen ahora que es oficial en la Cámara española", ha asegurado Sales. Los partidos independentistas, de hecho, consiguieron al inicio de esta legislatura que el catalán se pudiera utilizar por primera vez a la historia de la cámara baja española.

Quien también ha denunciado esto es la miembro de la ejecutiva de Junts Assumpta Cros, que ha cargado contra el "tripartito" que "gobierna de facto en el Parlament de Catalunya". "Lengua utilizada mayoritariamente, con sumisión voluntaria?: el castellano. ¡Asco"!, ha asegurado Cros, nueva miembro de la ejecutiva juntaire.

Con todo, la tramitación de la nueva ley es un hecho. El objetivo es que no caduquen nunca los delitos contra menores que se puedan castigar con penas iguales o superiores a cinco años de prisión, y elevar los años de prescripción a los delitos punibles con menos años de privación de libertad. La intención es que una víctima pueda denunciar unos hechos al menos hasta que tenga 50 años. El texto también apuesta para que no prescriban nunca aquellos delitos vinculados con la pederastia y la prostitución, así como la pornografía infantil. En su exposición de motivos, la norma señala que es "preciso" modificar el Código Penal para que "la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cuando las víctimas son menores se pueda equiparar a la de las legislaciones de los estados del norte de Europa".