El Govern intenta hacer equilibrios con el proyecto de ocio del Hard Rock con el objetivo de acontentar a sus socios prioritarios de investidura, ERC y Comuns. Mientras desde el Parlament se continúa con la tramitación para subir la fiscalidad al proyecto situado entre Vila-seca y Salou (al lado de PortAventura) con el apoyo del PSC, el ejecutivo de Salvador Illa sigue trabajando en el Plan Director Urbanístico (PDU), elemento indispensable para ejecutar el proyecto que ya tendría que haber aprobado el Govern Aragonès en el primer trimestre del 2023 según decía el acuerdo de presupuestos de aquel año. Eso sí, dejando en manos de los inversores la última palabra, sobre todo a raíz de las dificultades que pueda provocar el aumento de la fiscalidad al juego que han llevado ERC y Comuns a la cámara catalana y que recoge los acuerdos de investidura. De hecho, los de Junqueras y Albiach creen que la subida de la fiscalidad imposibilitará el proyecto.
Precisamente, en esta línea se refería la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa después del Consejo Ejecutivo de este martes. Aseguraba que no había ningún acuerdo con los socios de investidura sobre el PDU del proyecto. "Seguiremos trabajando. La tramitación del PDU fue iniciada por el Govern anterior y no hacerlo sería ir en contra la ley", decía la consellera de Territori, responsable de esta carpeta. Sin embargo, el pacto del PSC con los Comuns estipula que el Govern no "facilitará el proyecto", un elemento que el ejecutivo considera que ya está haciendo con el aumento de la fiscalidad al juego del 10% al 55% y que se tiene que aprobar en el Parlament en el primer pleno del año. "El compromiso era con la fiscalidad y hemos cumplido", decía Paneque.
El PP pone prisa
Precisamente, el Parlament de Catalunya pidió al Govern, vía moción del PP, que resolviera el informe de impacto ambiental y que convocara el Consejo Rector de Consorcio Centro Recreativo Turístico Vila-seca y Salou incluyendo en el orden del día la aprobación del Plan Director Urbanístico. Lo hizo con los votos favorables de Junts y el PP -los dos partidos que más se han posicionado a favor del proyecto-, con la abstención del PSC y los votos contrarios de ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana. De hecho, el PP también llevó este punto, vía propuesta de resolución, durante el debate de política general, cuando el PSC también se abstuvo. ¿El motivo de la posición de los socialistas? Los tempos que marcaban para la aprobación, que reclamaban que fuera a finales de año.
Los populares, que son uno de los grupos que más han apretado al Govern para sacar adelante el Hard Rock, se conocen bien el proyecto y las comarcas del Camp de Tarragona, teniendo en cuenta que su líder, Alejandro Fernández, ha sido durante muchos años concejal en el Ayuntamiento tarraconense. Los populares argumentan que el juego solo ocuparía el 4% de la superficie del proyecto y que el resto de actividades tributarían lo mismo que otros negocios.
Junts frena la tramitación y abandera los proyectos en el Camp de Tarragona
Unos argumentos muy similares que también utiliza Junts per Catalunya para explicitar su apuesta clara y rotunda al proyecto. Hasta el punto que el grupo parlamentario presidido por Albert Batet pidió un informe al Consejo de Garantías Estatutarias paralizando la tramitación de la fiscalidad. Los juntaires consideran que "cambiar las reglas de juego" al proyecto podría provocar que la Generalitat estuviera obligada a indemnizar a los inversores. Además, Junts per Catalunya también argumenta que el proyecto es mucho más allá de casinos, y que incorpora turismo de congresos, turismo familiar y, en palabras del president Puigdemont, "descentralizaría y destacionalitzaria" el sector.
De hecho, Puigdemont defendió el proyecto en la entrevista en TV3 de la semana pasada. "A mí me gustaría saber cuál es el modelo de desarrollo económico que algunos quieren para las comarcas del Camp de Tarragona", preguntaba el president en el exilio, haciendo referencia a Esquerra Republicana, Comuns y CUP, partidos contrarios al proyecto. De hecho, ponía sobre la mesa que la demarcación de Tarragona es la que tiene el paro mayor en estos momentos, con un 11,3% y lo relacionaba con la eliminación del gravamen al impuesto a las energéticas que Junts ha pactado con el Partido Popular y el PNV con el fin de garantizar las inversiones millonarias de Repsol. Eso ha tenido el posicionamiento en contra de ERC y los Comuns. "Deben suponer que no quieren que la gente del Campo de Tarragona se gane la vida en la industria. Estos mismos tampoco quieren el Hard Rock. ¿De qué quieren que se gane la vida la gente del Camp de Tarragona? ¿Siendo funcionarios? ¿Siendo influencers de Tik Tok"?, decía Puigdemont.
Aprovechar las cesiones del PSC en el Camp de Tarragona con la mirada puesta en las municipales
Resultados electorales en mano, el Hard Rock tiene un cierto consenso entre las comarcas tarraconenses. Los alcaldes de Vila-seca, Pere Segura, y de Salou, Pere Granados, gobiernan con mayorías absolutas y están a favor del proyecto, como también lo están los alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC); de Constantí Òscar Sánchez (PSC); la Canonja, Roc Muñoz (PSC); Cambrils, Alfredo Clúa (PSC); y de Mont-roig del Camp, Fran Morancho (PSC). Además, en las elecciones en el Parlament de Catalunya, el único partido contrario al proyecto que obtuvo representación en la demarcación de Tarragona fue Esquerra Republicana. Un dato que se acentúa cuando se repasan los datos de los resultados en la veguería del Campo de Tarragona: ERC, Comuns y CUP suman solo el 22,08% de los votos.
Y, ante los equilibrios que tienen que hacer los socialistas, Junts per Catalunya quiere aprovechar esta rendija para crecer en el Camp de Tarragona, una veguería que ha ido perdiendo peso en los últimos años. El PSOE ha posicionado con ERC y Sumar a favor del gravamen a las energéticas, mientras el PSC está en la línea de los republicanos y los Comuns de dificultar el Hard Rock. Y es aquí donde Junts quiere abanderar los "intereses" tarraconenses ante un PSC que se ha tenido que mover. CIU llegó a tener el 38,87% de los votos en la veguería del Camp de Tarragona en el año 2010, cuando alcanzó a la Generalitat, en contra del 20,85% de apoyos actuales que cuenta Junts. Además, la única alcaldía juntaire con más de 15.000 habitantes es Vila-seca, mientras que en el Ayuntamiento de Tarragona solo cuenta con 3 concejales. De hecho, no es casualidad que los dos últimos Consells Nacionals de Junts se hayan celebrado en El Morell y en Vila-seca, de la comarca del Tarragonès.