El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha anunciado este sábado que el próximo martes 9 de marzo se manifestará para mostrar su desacuerdo con el operativo policial que se desplegó durante las protestas posteriores que se diera a conocer la sentencia del procés. Este acto coincide con la declaración que tienen que llevar a cabo en calidad de investigados el director general de la Policía, Francisco Pardo, y el director adjunto del operativo, José Ángel González, por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores en relación con los operativos desplegados durante los incidentes que tuvieron lugar en octubre del 2019.
Según el sindicato, se cometieron "graves deficiencias" durante al operativo "correspondientes a la no asignación de relevos o de refuerzos de personal, la falta de dotación de material antidisturbios o la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques llevados a cabo por los manifestantes, como camiones de agua o vehículos blindados e incluso, impedir el acceso de los vehículos sanitarios para la evacuación de los heridos". Por todo eso, se ha querellado contra Pardo y González por, presuntamente, incumplir el artículo 316 del Código Penal, que castiga "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desarrollen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de manera que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".
En este contexto, tendrá lugar el próximo martes la manifestación a las 11:30 de la mañana, en la calle Gran Via de les Corts Catalanes, que se llevará a cabo todas las medidas sanitarias y seguridad pertinentes, según ha informado al sindicato de que ha añadido que tendrá por lema: "El gobierno abandona a las UIP (Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional) en Catalunya".
Más de 300 heridos
Jupol considera que durante la operación Ícaro, tal como se llamó a este dispositivo, resultaron heridos 300 agentes de la UIP, de los cuales dos estuvieron a punto de morir. Por eso, Chema García, secretario general de JUPOL, ha considerado que la cúpula del ministerio del Interior tendrá que explicar ante un juez los criterios organizativos de esta operación. "Com el director general de la Policía reconoció en sede parlamentaria, en la operación Ícaro, dos policías nacionales estuvieron a punto de morir, sin detallar las carencias y descoordinación que tuvieron que sufrir los compañeros, a pesar de nuestras insistentes peticiones que no fueron escuchadas ni atendidas", ha apuntado García según un comunicado de este sindicato.
Desde su opinión, existe una falta de diálogo con la cúpula del ministerio de Interior. Además, ha defendido García, la sucesión de desaciertos en este operativo los ha obligado a "a judicializar este asunto y que sea ahora, con el criterio de un juez quién determine el grado de responsabilidad de nuestros mandos".
Por su parte, el secretario provincial de JUPOL en Barcelona, Marc Veiras ha insistido "en que desde JUPOL se mantendrá el apoyo a todos los compañeros del Cuerpo de la Policía Nacional que se desplazaron a Barcelona para intervenir en los graves disturbios ocasionados por los nacionalistas y que pusieron su vida en peligro para hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".