Juristas catalanes censuran la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de impedir el nombramiento de los consellers restituidos y mantener la vigencia del artículo 155 gracias a un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos. Según señala un manifiesto, con el apoyo de decenas de juristas y ocho entidades, al cual ha tenido acceso El Nacional, Rajoy se saltaría leyes fundamentales al emprender esta acción.
El documento asegura que el ejecutivo español pretende pasar por delante de lo establecido por la Constitución, el Estatut de Autonomía, así como la Ley de Presidencia catalana. Según fuentes a las cuales ha tenido acceso este diario, negarse a publicar el nombramiento de los consellers en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) supondría no cumplir un "acto debido en derecho", es decir, una orden de obligado cumplimiento.
"Si quieren mantener el 155, primero deben hacer un requerimiento al president y luego reunir al Senado", señalaron las mismas fuentes, que apuntan a que el Gobierno debe publicar el nombramiento primero y después en todo caso podría recurrir a la justicia.
El texto es una respuesta a la carta enviada por el gobierno español en que ordena al secretario del Govern, Víctor Cullell, que no publique en el Diari Oficial del Govern de Catalunya (DOGC) el decreto de nombramiento de los consellers realizado ayer por el president de la Generalitat, Quim Torra, todo porque hay cuatro de ellos que se encuentran o bien encarcelados o en el exilio.
Contraviene la Constitución
Los juristas manifiestan su repulsa a la acción de Rajoy. La califican como una "intolerable falta de respeto a la voluntad democrática" expresada en las elecciones del 21-D y, además, insisten en la existencia de una "vulneración flagrante" de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Catalunya.
En el manifiesto, firmado por ocho entidades que representan juristas y abogados, se advierte al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que con la paralización del Decreto de nombramiento de los consellers "se contraviene el artículo 152 de la Constitución española", que define que corresponde al president de la Generalitat la máxima representación del Estado en Catalunya y de quien depende directamente el Consell de Govern.
Además, los juristas también recuerdan que se está sobrepasando la Ley de la Presidencia. En su artículo 17 —subrayan— se define que es al president de la Generalitat a quien corresponde nombrar a los miembros del Govern, una función que ahora mismo se estaría viendo vulnerada por parte del gobierno español.
De hecho, los juristas insisten en que el presidente del gobierno español tiene la obligación de publicar el nombramiento. De no ser así, al tratarse de un acto "debido y reglado", podría hablarse de un fraude de ley. "Ninguna autoridad dentro de la Generalitat, incluidas las que la tienen intervenida, puede oponerse a su publicación oficial", expone con rotundidad el manifiesto.