"Hay que construir una respuesta jurídica contra la represión del Estado español a Catalunya." Es uno de los retos que el penalista Benet Salellas ha lanzado al centenar de asistentes en el 2.º Congreso Catalán en Defensa del estado de derecho (el primero fue el 2018), que este sábado se celebra en el aula magna de la Universidad de Barcelona con ponentes de mucho nivel. Òmnium Cultural, con su presidente Xavier Antich en primera fila, la asociación de jueces Ágora Judicial, la Fundación Catalunya Fons y el Colectivo Praga son las organizadoras de este encuentro, donde se ha analizado la respuesta judicial que el Gobierno realizó contra el procés de independencia de Catalunya, así como las esperanzadoras resoluciones que llegan de los tribunales europeos, como la del enero pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con relación al exconseller Lluís Puig y sobre qué hace falta para reactivar una euroorden de detención y entrega. Y también por primera vez se cita que no se puede vulnerar derechos de un Grupo Objetivamente Identificable (GOI).
Los magistrados Xavier Gónzalez de Rivera y Josep Maria Noales, de Ágora Judicial, han abierto el congreso y han explicado su complicado periplo desde que se sumaron a la iniciativa de 33 jueces y juezas que decidieron firmar el manifiesto por el derecho a decidir en el 2014, que el diario La Razón publicó sus fotos, algunas fotos de carné extraídas de bases de datos policiales. Después de que los tribunales españoles se negaran a investigar su vulneración de derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el Estado español por no proteger su derecho a la intimidad. "No hemos sido víctimas ni de Lawfare ni de acciones judiciales, pero sí de daños colaterales", ha afirmado Gonzàlez de Rivera. Su compañero ha detallado, claramente, que la magistrada Àngels Vivas, sí que sufrió este daño al ser descartada como presidenta de la Audiencia de Barcelona por haber firmado el manifiesto, totalmente jurídico, a pesar de cumplir mejor los requisitos. "El Supremo, en una resolución, se atreve a decir lo que no dijo el CGPJ: 'nadie obliga a los jueces a expresarse, y que no puede pedir después un trato de favor y se olvide su manifestación'", ha denunciado Noales.
El penalista Andreu van den Eynde, que fue el abogado de los 20 jueces que, al final, llevaron el caso en Estrasburgo, ha destacado que las investigaciones contra el Estado "son instrucciones pesadas y que nadie quiere investigar", como el caso de los jueces o el actual espionaje con Pegasus al independentismo catalán. Ha destacado que la resolución precisa que "ninguna ley puede amparar la investigación a un ciudadano para saber qué hace", y que se tendrá que exigir estos requisitos. "El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se equivocan mucho", ha afirmado Van den Eynde, enfrente de que en los tribunales europeos "se discute de derecho" y ha pedido a los compañeros abogados y juristas trabajar más en equipo y compartir estrategias jurídicas.
La excepcionalidad jurídica
En una segunda ponencia, el profesor de Filosofía del derecho de la Universidad Pompeu Fabra, Josep Lluís Martí, ha descubierto a la sala que el término Lawfare (abuso del derecho, o uso estratégico del derecho) es explotada en el 2001 por los americanos con la destrucción de las Torres Gemelas, pero que fueron dos australianos que utilizaron el término primero, el 1975, en una crítica de la confrontación legal en lugar de usar las leyes para proteger el bien común. También se ha expuesto el derecho penal del enemigo, desarrollada por pensadores de la Alemania nazi y que algunos ponentes no han dudado de que el Estado español lo ha usado en los últimos años en Catalunya.
El magistrado Guillem Soler ha estado claro y ha afirmado que "cada semana se produce una excepcioalitat jurídica, donde se magrea el derecho," y ha compartido que en reuniones previas de trabajo Salellas propuso "dejar lamentos y que hay que construir nociones para comprender" el alcance de las vulneraciones de derechos. Con este reto, Soler ha desarrollado lo que significa el artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos, que recoge que toda persona tiene derecho a ser escuchado por un juez independiente e imparcial y establecido por la ley. Todos los abogados de los encausados por el 1-O en el Tribunal Supremo han reiterado que este no es el juez predeterminado por ley, reivindicación, que según Soler el TJUE en la sentencia de Puig ya les da la razón.
Soler ha añadido que en el proceso catalán "se da la paradoja que hay un exceso de independencia judicial", que los jueces del Supremo "tienen agenda propia", y que "no pueden tratar de tú a tú al legislador en resoluciones", en referencia al juez Pablo Llarena que critica la reforma del Código Penal en el auto que actualiza el procesamiento del presidente Carles Puigdemont y los otros exiliados.
Derecho administrativo del enemigo
El magistrado de Ágora Judicial Guillem Soler también ha apostado que en nuevas causas contra la disidencia catalana la persona alegue que pertenece a un GOI y que se abran piezas en que se exponga que existe el grupo, que la persona pertenece a él y que se la discrimina por serlo. En este sentido, la abogada Isabel Elbal ha compartido que "contra los independentistas catalanes se ha usado la excepcionalidad jurídica" y que esta "se demostrará en un juicio estratégico en Europa".
En una exposición original y demoledora, el profesor de derecho administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix Palop, ha asegurado que "también existe el derecho administrativo del enemigo", y una muestra es lo que ha sufrido él mismo al llegar tarde con el tren "por el corredor mediterráneo enemigo", ironizando frente el centralismo de Madrid. Ha detallado que las leyes administrativas se han actualizado, pero mantienen la base intervencionista de la ley franquista de 1945, o las inspecciones que ahora permite la ley de 2015. Normativa, ha asegurado que exhiben su "poca porosidad democrática". Ha declarado que la ley no es igual para todo el mundo, y que en el ámbito administrativo "hay una persecución de pobres y extranjeros más que de disidentes", y una muestra clara y excluyente es la cita previa, que se impuso en las administraciones con la pandemia y que algunas la mantienen sin justificación. Boix también ha explicado los efectos de la Ley Mordaza, y el "peligro y la ilegalidad" que significa que ahora todas las administraciones públicas legislen para controlar y multar sobre la libertad de expresión.
La desviación de poder
En la ponencia sobre Juicio político, Benet Salellas ha afirmado que hace falta trabajar e incluir en las causas de represión contra catalanes el concepto de "desviación de poder" como una irregularidad que se recoge en el artículo 18 del Convenio de la Protección de los Derechos Humanos, y que fija la limitación de la aplicación de restricciones de derechos, el cual —ha precisado— no se había aplicado hasta el 2017 en la Europa oriental, y actualmente hay una veintena de condenas en países de esta zona, como Turquía.
Además, Salellas ha expuesto el gran paso que ha significado que el TJUE haya admitido la idea de grupo (GOI) en la vulneración de derechos -que defendieron con Van den Eynde y Gonzalo Boye en Luxemburg. Finalmente, el penalista ha hecho un llamamiento a los asistentes: "Nos toca construir una respuesta jurídica a la represión española." En este sentido, la abogada Isa Castell, abogada y miembro de Juristas por las Libertades, ha explicado investigaciones prospectivas a ciudadanos de las Terres del Ebre por el 1-O, así como el reciente procesamiento de seis personas por un delito de odio en las redes sociales dirigido a un agente de la Guardia Civil. Y ha hecho un llamamiento para "trabajar juntos por la liberación nacional".
Por la tarde, han continuado las intervenciones, con ponentes de otros países, como el abogado Santiago Bereciartua, con las causas judiciales de las Abuelas de Plaza de Mayo.