Las campañas racistas de la extrema derecha quedan impunes. La Audiencia Provindial de Madrid ha desestimado el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió el PSOE, contra la decisión de un juez de no retirar los carteles electorales racistas de Vox durante las elecciones madrileñas. Estos señalaban directamente a los menores migrantes no acompañados. No sólo quedan impunes, sino que los jueces compran el discurso de la formación ultra. En el auto, adelantado por el diario El País y al que ha tenido acceso ElNacional.cat, los magistrados argumentan que se trata de un "eslogan electoral" y hace suyo el fondo de la cuestión, menospreciando los datos falsos: "Con independencia de si las cifras que se ofrecen son veraces, (los MENA) representan un evidente problema social y político".
El cartel racista de Vox marcó la campaña electoral. Estaba colocado en la estación de Renfe de la Puerta del Sol, una de las más transitadas de la capital española. Y se podía leer, basándose en datos falsos: "Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión a mes". El ministerio público presentó una denuncia por delito de odio, a la que se adhirió también el PSOE. También pidieron la retirada inmediata, un extremo que rechazaron tanto la justicia como la junta electoral provincial.
En el auto que desestima el recurso, los jueces justifican que "el cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas, en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes". Y remacha el clavo: "Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio". Los magistrados apelan a la libertad de expresión y el "pluralismo de una sociedad democrática".
Ya denegó la retirada
El pasado abril, en plena campaña, el juzgado de instrucción número 48 de Madrid, en función de guardia, denegó la retirada cautelar del cartel racista de Vox, que criminalizaba a los menores migrantes. Lo había solicitado la Fiscalía Provincial de Madrid, al considerar que podría ser objeto de un delito de odio. El juez rebatió que "no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho".
El Ministerio Público argumentaba que con el cartel se transmitía "no sólo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena, enfrentado al de un pensionista, cuestionando así su carácter ético y legal, sino también una imagen física con prejuicio del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto de un individuo encapuchado y racializado".