El Gobierno pide más pasos adelante de Felipe VI para romper con su padre y salvar la institución. Ya hace semanas que hay contactos entre los palacios de La Moncloa y La Zarzuela. La decisión, que se había filtrado que sería inmediata, no acaba de llegar. Mientras tanto, la bola judicial se va haciendo cada vez mayor, amenazando con llevarse a los Borbones por delante. La presunta corrupción del emérito ya se encuentra en tres jurisdicciones de dos países diferentes. Las responsabilidades penales podrá esquivarlas probablemente, pero no las responsabilidades públicas.

Todo empezó en Suiza, hace dos veranos, con el registro de un céntrico edificio de Ginebra. Eran las oficinas del gestor de fondos Arturo Fassana. El fiscal Yves Bertossa encontró, por sorpresa, dos fundaciones relacionadas con el emérito. La primera, Liechtenstein Zagatka, que pagó vuelos privados a Juan Carlos I y Corinna. La segunda, Lucum, donde el primero y segundo beneficiario eran Juan Carlos I y Felipe VI.

Ahora la investigación ya está bastante avanzada. Incluso Joan Carlos I podría verse obligado a declarar, ya que al abdicar perdió la inmunidad internacional asociada al jefe de Estado. Se investigan supuestos delitos fiscales y de blanqueo. Habría ocultado más de 100 millones de dólares en el país, de los cuales 65 millones fueron transferidos a su amante Corinna Larsen. Un dinero que, según las informaciones que han trascendido, era un "regalo" de Arabia Saudí y tendría que ver con comisiones por el AVE a La Meca. Fassana declaró al fiscal suizo que no le constaba que "hubiera pagado al fisco".

Las pruebas recogidas en Suiza han provocado que la justicia española también ponga la lupa. Hay actividades del rey emérito que podrían ser posteriores al 2 de junio del 2014, cuando perdió la inviolabilidad constitucional y pasó a ser, simplemente aforado. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido el caso, y ha reforzado su equipo con reputados profesionales para "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos después de la abdicación. Al frente de la investigación está el fiscal de sala jefe del área penal en el Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos.

Pero eso no es todo. Esta misma semana, la Audiencia Nacional ha reabierto otra causa, una pieza que está vinculada al caso Villarejo y que estaba provisionalmente archivada. En la conversación grabada por el excomisario, Corina Larsen se refería a las comisiones cobradas por el Rey por el AVE a La Meca, que fue adjudicado a compañías españolas. También hablaba de cuentas en Suiza del rey emérito, gestionadas por testaferros. El juez instructor Manuel García Castellón ha citado a la amante del monarca a declarar el próximo 8 de septiembre. La investigación no se dirige contra Juan Carlos I, pero sí que podría hacer aflorar más información sobre sus tejemanejes.

Frente a esta triple ofensiva judicial, Juan Carlos I ya está maniobrando. Según ha informado esta semana El Confidencial, el rey emérito contempla la regularización fiscal voluntaria para evitar la acusación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por un delito fiscal. Podrá esquivar las repercusiones legales, pero no su imagen pública, ya demasiado deteriorada. Por mucho que el CIS haga años que ha dejado de preguntar a los españoles por la monarquía, para evitar más suspensos.

Operación para salvar al hijo

Desde los poderes del Estado hay una estrategia clara: matar al padre para salvar al hijo. De momento, Felipe VI sólo ha tenido un gesto, a estas alturas insuficiente: renunciar a la herencia de su padre y retirarle la asignación. También ha iniciado una campaña de lavado de imagen, desde el tour por todas las comunidades autónomas hasta el papel protagonista en la ceremonia de estado por las víctimas del coronavirus. Este viernes incluso se acercó a San Millán de la Cogolla (La Rioja), donde se celebraba la conferencia de presidentes autonómicos. Estuvo media hora, se situó en el centro de la foto de familia y se marchó antes de que empezara el encuentro.