La justicia francesa mantiene la prohibición del catalán en los plenos municipales de la Catalunya Nord, pero ha abierto la puerta a la posibilidad de traducir las intervenciones en francés en la lengua catalana. La cosa es que el Tribunal de Apelación de Toulouse ha confirmado la sentencia del de Montpellier y ha reafirmado que la lengua francesa tiene que ser la prioritaria en los plenos de los ayuntamientos, según recoge este jueves la ACN. Concretamente, concluye que la modificación del reglamento aprobado por el municipio de Elna (Rosselló) que permitía a los concejales expresarse en catalán en los plenos "infringe" el artículo 2 de la Constitución francesa, ya que el francés es la lengua oficial de la república.
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Así, el tribunal ha afianzado lo que ya se había manifestado a la vista de apelación del 28 de noviembre y lo que dictaminó el de Montpellier en mayo del año pasado: el francés tiene que ser la lengua prioritaria a los plenos de la Catalunya Nord porque así lo establece la Constitución. Es decir, rechaza el recurso del Ayuntamiento de Elna y confirma la anulación del reglamento que permitía el uso del catalán a los plenos de este consistorio, al cual posteriormente se sumaron los ayuntamientos de Portvendres, Tarerac, Sant Andreu de Sureda y Els Banys d'Arles. Concretamente, el reglamento establecía que las intervenciones de los concejales se podían hacer en lengua catalana si después se traducían al francés.
"El idioma de la República es el francés"
El tribunal ha recordado que el artículo 1 de la ley de 4 de agosto de 1994 sobre la protección de las lenguas regionales y su promoción establece que la lengua francesa es "un elemento fundamental de la personalidad y patrimonio de Francia, siendo la lengua de la República en virtud de la Constitución", mientras que el artículo 21 de la misma norma fija que estas disposiciones "no impiden el uso de las lenguas regionales ni en acciones públicas y privadas". Según la sentencia, de eso se desprende que las disposiciones "ni prohíben ni autorizan" a los concejales expresarse en una lengua regional durante las intervenciones orales.
Entonces, ¿por qué se prohíbe el catalán? Porque el artículo 2 de la Constitución establece que "el idioma de la República es el francés", de manera que "el uso del francés es obligatorio para las personas jurídicas de derecho público", aunque el artículo 75-1 considere que las lenguas regionales "pertenecen al patrimonio de Francia". Es por eso que el tribunal ha considerado que los documentos administrativos se tienen que redactar en francés. Además, aunque se introdujera el artículo 75-1 para "marcar la afección de Francia a las lenguas regionales", eso "no creó ningún derecho ni libertad que sea oponible en beneficio de los particulares o de las colectividades territoriales; y no intentó, en particular, reducir el alcance del artículo 2".
El objetivo es el Tribunal de Estrasburgo
Por todo ello, el tribunal ha concluido que la modificación del reglamento contraviene el artículo 2 de la Constitución, aunque contemple la obligación de acompañar la intervención en catalán de una traducción al francés. Lo que sí que admite es que las disposiciones de este artículo no "impiden" que la presentación de las deliberaciones e intervenciones de los concejales, "una vez expresadas en francés, puedan ser traducidas al catalán".
La historia no se ha acabado aquí. Los alcaldes de los municipios afectados, junto con Òmnium Cultural, han decidido plantar cara a la resolución. Después de una reunión con el abogado, el presidente de la entidad catalanista, Xavier Antich, ha anunciado que recurrirán la sentencia al Consejo de Estado con el objetivo de llegar al Tribunal de Estrasburgo para evitar que el catalán sea "una lengua subalterna, de segunda" a las administraciones. Antich ha explicado que han resuelto "continuar la batalla judicial" para defender los derechos lingüísticos de los norcatalanas. "El Tribunal de Toulouse ha decidido condenar al catalán a ser una lengua subalterna, de segunda", ha afirmado.
Que "el uso del francés es obligatorio para las personas jurídicas de derecho público" es una "grieta" que aprovecharán para llevar el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo, según el abogado Mathieu Pons, ya que tal argumento hace que se pueda utilizar el catalán los plenos como lengua de traducción y después del francés. Primero hay que ir al Consejo de Estado, el último estadio judicial en Francia y el último escollo antes de la justicia europea. La decisión tardará unos dos años, de acuerdo con el letrado. "Elevamos la batalla por la defensa del catalán a otro nivel, dejamos atrás los tribunales administrativos a nivel regional y departamental y ahora, los alcaldes y Òmnium, nos enfrentamos directamente al estado francés", ha reivindicado Antich.
Los alcaldes han admitido que no confían en la justicia francesa, pero esperan que la justicia europea acabe reconociendo la diversidad lingüística como un derecho a preservar. La alcaldesa de Els Banys, Marie Costa, y el alcalde de Elna, Nicolas Garcia, han subrayado que la sentencia "no es una victoria, pero tampoco una derrota". Así, han expuesto que cada vez quedan descartados más artículos legales de los que se alegaban hasta ahora para arrinconar el uso del catalán y que se acaba reconociendo el derecho individual a utilizar el catalán a los plenos.
El largo camino contra el catalán
El camino judicial se remonta en abril del 2022, cuando el Ayuntamiento de Elna aprobó cambiar el reglamento para permitir hacer las intervenciones a los plenos en catalán, convirtiéndose en el primer municipio norcatalán que adoptaba una decisión de esta magnitud. Los concejales contrarios lo denunciaron al entonces prefecto de los Pirineos Orientales, Rodrigue Furcy, que lo llevó a la justicia después de haber pedido en los consistorios implicados que hicieran marcha atrás.
Un año después, en marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Montpellier rechazó elevar al Consejo Constitucional la petición de Elna y el juicio contra los cinco ayuntamientos (Elna, Portvendres, Tarerac, Sant Andreu de Sureda y Els Banys d'Arles) se celebró el 18 de abril del año pasado. La sentencia llegó el 9 de mayo y anulaba el cambio de reglamento, argumentado que la lengua francesa es la lengua del Estado, tal como establece la Constitución. Los afectados aseguraron que la decisión suponía una "bofetada" en la lengua y anunciaron que acudirían al Tribunal de Apelación de Toulouse, que ahora también les ha dado la espalda. Próxima parada: Estrasburgo, vía Consejo de Estado.