El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castelló ha acordado citar como investigados tres exjefes de ETA que formaron parte del Comité Ejecutivo de la banda terrorista por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco ahora hace 25 años. En un auto, el magistrado dirige el procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, contra José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y María Soledad Iparraguire, Anboto, por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista.
El juez también considera responsable de los hechos Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, si bien si procede los delitos se consideran prescritos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 toma esta decisión una vez recibido el informe de la Guardia Civil encargado por el juzgado con el fin de determinar los miembros del Comité ejecutivo de ETA y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua. Según este informe, los investigados, a pesar de no ser los ejecutores materiales -que ya fueron condenados, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, Txapote-, tuvieron "una participación en comisión por omisión, vista la posición de dominio que ostentaba" este órgano" con capacidad real, durante las más de 48 horas en que se prolongó el secuestro, para poder pararlo".
Fechas que coinciden
El juez, que ya fue el instructor de la causa hace 25 años, relata como después de la caída de la cúpula de ETA, en 1992, la organización terrorista diseñó una nueva estrategia orientada a hacer que todas las formas de lucha provocaran una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de manera que lo desestabilizara con más intensidad que la soportada hasta aquel momento. Las fechas, ahora pues, coinciden en el tiempo. Entre 1993 y 1994, la nueva cúpula etarra planificó y puso en marcha el renombre "estrategia de desestabilización", que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos, así como la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532 días, del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la familia real.
El recuerdo de Miguel Ángel Blanco
En 1997, y en el marco de esta estrategia, la dirección de ETA, decidió la comisión de acciones terroristas contra miembros del Partido Popular, que ejercía tareas de Gobierno en España, utilizando un procedimiento nuevo: el secuestro de un militante de esta formación bajo la amenaza del asesinato si el Gobierno no accedía a sus exigencias. Este año, asegura el auto, "el secuestro de un concejal del Partido Popular era una prioridad absoluta", acción que había que realizar precisamente en verano y "cuanto antes mejor". Así consta en documentos de dirigentes de ETA, en concreto de comunicaciones orgánicas manuscritas por Kantauri, responsable de los pedidos "ilegales" de ETA, dirigidos a unos de sus comandos, "la llamada Vizcaya". "La víctima de esta acción, Miguel Ángel Blanco, en calidad de miembro del partido político mencionado, se había convertido en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista, a través de su Comité ejecutivo , que el verano de 1997 buscaba con urgencia secuestrar y asesinar un cargo electo del PP.