El Departamento de Justicia se ha justificado este domingo en relación al permiso laboral de Jordi Sànchez, que en un primer momento informó de un acuerdo favorable para que pudiera trabajar en La Crida Nacional per la República, pero que ahora alega que trabajar en este grupo político no se ajusta al programa.
Este mismo domingo Sànchez ha denunciado que la junta de tratamiento no le ha avalado la petición y ha colgado el comunicado sobre la denegación del artículo 100.2.
"La salida de la prisión para trabajar esperará. Lledoners me ha denegado el 100.2, contrariamente a lo que Justicia anunció. La sentencia del Supremo no me prohíbe seguir defendiendo mis ideales, tampoco profesionalmente. La prisión, sí. ¡Luz en los ojos y fuerza en el brazo"!
Mi comunicado desde Lledoners sobre la denegación del 100.2 pic.twitter.com/MMRn5KJb8E
— Jordi Sànchez (@jordialapreso) May 24, 2020
Sànchez pidió poder tener un permiso para trabajar en la Crida, para el 1-O. El jueves, el Departamento difundió que avalaba la salida de la prisión cinco días a la semana 12 horas diarias por hacer la actividad laboral y de voluntariado pero Sànchez ha dicho este domingo que después se lo informó que no se había tramitado la solicitud de oferta laboral y daban trámite a la posibilidad de tres horas diarias tres días a la semana para hacer voluntariado.
El preso político ha denunciado que la naturaleza sociopolítica de la Crida y la defensa de la independencia "no puede ser causa de la negativa" para tramitar el permiso y, de ser así, cree que se estaría imponiendo una inhabilitación "extrajudicial" y una condena "complementaria". Además, ha acusado al Departamento de "mala praxis".
Justicia, sin embargo, asegura que la junta votó desde un primer momento desfavorablemente y ha lamentado "el perjuicio que la comunicación haya podido causar". Según el Departamento, la junta de tratamiento no avaló la propuesta porque "no se ajustaba a las condiciones establecidas al Programa Individual de Tratamiento (PIT)". Sin embargo, el Departamento ha elevado el acuerdo al juzgado de vigilancia penitenciaria, que es quien tiene "la última palabra".
La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima ha detallado que el voto contrario a la propuesta de Sànchez se ha basado en que el PIT establece que la reinserción laboral será "en el ámbito privado, la docencia o una actividad similar, de acuerdo con su formación académica y perfil profesional." En este sentido, señalan que "su PIT no contempla la posibilidad de desarrollar una actividad laboral vinculada al activismo social o político".