El Tribunal Superior de Justicia de Madrid arranca la investigación sobre la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra María Pilar Rodríguez Fernández (fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid) y Julián Salto Torres (fiscal de la sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía), acusados del delito de revelación de secretos por funcionario. Entre las primeras actuaciones que ha impulsado el juez Francisco José Goyena, se encuentra la petición a la Fiscalía de Madrid de identificar “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público” el comunicado de prensa de la Fiscalía para aclarar noticias sobre la investigación al novio de la presidenta madrileña así como identificar “el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido”.
Entre los deberes que el magistrado pone a la Fiscalía de Madrid, también figuran identificar quién redactó el comunicado de prensa, remitir una copia de todas las comunicaciones mantenidas entre el Ministerio Fiscal y el abogado de Alberto González Amador con ocasión de la defensa del mismo (tanto antes como después de hacerse público dicho comunicado) e indicar a qué personas “se ha dado acceso y/o han dispuesto de copia de las comunicaciones mantenidas” con el abogado de González. También quiere saber qué medidas han tomado los fiscales y la plantilla de funcionarios para “impedir que documentos y soportes que contengan datos personales queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado”.
En esta línea, el TSJ de Madrid también reclama un informe sobre las actuaciones que ha hecho el Ministerio Fiscal como consecuencia de la “violación de seguridad” consistente en la distribución pública de los emails entre el abogado de Alberto González y el Ministerio Fiscal, de la denuncia del Ministerio Fiscal y del CD adjunto con todas las actuaciones tributarias y sobre si el Ministerio Fiscal se ha dirigido a los medios de comunicación y periodistas que las han publicado para que “cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales”. También pregunta si se ha comunicado a la Autoridad de control de datos y a Alberto González esta “violación de seguridad”.
Asimismo, en un auto con fecha de 14 de mayo, el juez cita a Alberto González Amador (la acusación particular) y al Colegio de la Abogacía de Madrid (la acusación popular) para que comparezcan ante la Sala de lo Civil y Penal el viernes 24 de mayo a las 12 horas para “ratificar las respectivas querellas” y “darles traslado y conocimiento de las actuaciones practicadas hasta este momento”. En relación con las informaciones periodísticas, también pide “validar los artículos de prensa aportados por las partes querellantes” con el objetivo de “acreditar su realidad y autentificación”. Para ello, se dirigirá a los medios de comunicación que los hayan publicado para que lo certifiquen e identifiquen al autor de la noticia.
Los orígenes de la disputa entre Alberto González y la Fiscalía
Todo ello se remonta a la denuncia contra Alberto González Amador por supuesto fraude fiscal y falsedad documental por haber defraudado a Hacienda presuntamente más de 350.000 euros entre 2020 y 2021. Poco después de que esto trascendiera, el entorno de Isabel Díaz Ayuso difundió que la Fiscalía de Madrid había ofrecido un pacto a su pareja, pero al día siguiente la Fiscalía aclaró en un comunicado que, realmente, era el revés: fue Alberto González quien, a través de su abogado, confesó por escrito que se habían “cometido dos delitos”. Quince días más tarde, el novio de Ayuso presentó una querella en la que denunciaba que la nota informativa de la Fiscalía daba datos sobre los correos de su abogado y alegaba que el hecho de haber puesto entre comillas fragmentos de los mensajes suponía una revelación de secretos. Por cierto, en el escrito de la querella, él mismo admitía que había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y que, para aminorar el castigo, había ofrecido un acuerdo.
La Fiscalía de Madrid pidió que se archivara la denuncia porque no apreciaba delito. En su escrito, argumentaba que la publicación de la nota de prensa que dio pie a la querella “se limitó a proporcionar información veraz a la opinión pública sin revelar datos, hechos o documentos que no hubieran sido ya difundidos en distintos medios de comunicación y frente a la demanda de corroboración de las noticias publicadas”. Justo la semana pasada, el TSJ de Madrid admitió a trámite la querella: señaló que “no se puede descartar la relevancia penal de los hechos descritos” y apuntó que hay que aclarar si “el Ministerio fiscal se ha excedido en el derecho a la información que le asiste”.