Juan Carlos I consigue apagar uno de los fuegos que tiene por las corruptelas que lo rodean. El proceso penal por el dinero del emérito en Ginebra ha finalizado. El fiscal Yves Bertossa ha cerrado su investigación por los 65 millones de euros, 100 millones de dólares, pagados por Arabia Saudí a Juan Carlos. Posteriormente, el procedimiento también reveló otros pagos recibidos por Corinna en efectivo, procedentes de Kuwait y Baréin.

Después de tres años, el magistrado ha anunciado su decisión en las partes durante una vista este lunes. Cuatro personas del entorno directo del emérito eran acusadas de blanqueo de capitales por haber gestionado o participado en la transferencia de fondo: el gestor patrimonial del rey en Ginebra, su abogado suizo, su examante Corinna Larsen y el banco Mirabaud. De esta manera, todos quedan exonerados.

El fiscal "no se lo traga"

Tal como subraya el diario Tribune de Genève, el fiscal Bertossa "nunca se ha tragado la historia de Juan Carlos" pero no le ha quedado más remedio que archivarlo: "Ha corroborado que sería imposible demostrar que los 100 millones de dólares ofrecidos al emérito provenían de un delito, condición necesaria para que el blanqueo se realice". Inicialmente, el magistrado sospechó que el dinero formaba parte de un "esquema corrupto" vinculado al contrato de los trenes de alta velocidad entre la Meca y Medina. Según esta teoría, el emérito habría sido recompensado por el descuento que ofrecieron a los saudíes las empresas españolas encargadas del contrato.

Tres años que acaban en papel mojado. La investigación de Ginebra empezó en el 2018 y descubrió que Juan Carlos había recibido, diez años antes, este pago millonario a una cuenta suiza abierta a nombre de la fundación panameña Lucum. El dinero provenía del ministerio de Finanzas saudí. Según su gestor patrimonial, fue un "puro regalo" del rey de la Arabia Saudí a su "hermano" español y hecho sin consideración, han afirmado los acusados. Pero eso formaba parte de la estrecha relación que mantenía el borbón con la petromonarquía del golfo.

Yves Bertossa estimó entonces que el dinero podría provenir de una "gestión injusta de los intereses públicos" por parte del antiguo rey saudí Abdallah, muerto en el 2015. Pero el fiscal de Ginebra no envió una solicitud de asistencia mutua a Arabia Saudí para juzgar por validar esta hipótesis. Quizás porque parece inconcebible que la petromonarquía acuse de malversación a uno de sus antiguos reyes. Durante un tiempo, también se descartó el nombramiento de un experto, que tendría que haber analizado las leyes saudíes para averiguar si se podía culpar en Abdallah de una gestión injusta.

Según informa Sylvain Besson, periodista de investigación suiza, "a los acusados, de que siempre han impugnado las acusaciones y las hipótesis de la Fiscalía, la decisión de clasificación es un alivio". Así pues, la investigación judicial lleva a una única sanción, que ni siquiera se refiere directamente al regalo del rey: una multa impuesta al banco Mirabaud por no haber denunciado una antigua transacción relativa a Corinna, en la Oficina de Comunicación de Blanqueo de Capitales (MROS).

Comunicado de la justicia suiza

Según detalla la misma justicia de Ginebra: "Mirabaud tendrá que pagar una multa de 50.000 francos y las costas del procedimiento, fijadas en 150.000 francos. No se harán más comentarios". Con un comunicado de prensa donde se hace una cronología de los hechos, la fiscalía de este lado se limita a explicar cómo queda el proceso para los implicados.

 

Ahora queda la justicia británica

Suiza se ha limitado a investigar el papel de los testaferros y el final llega aquí. En paralelo, la fiscalía española está a punto de cerrar las tres investigaciones que había abiertas contra el emérito, a pesar de se ha anunciado una prórroga de seis meses. El último escollo que le queda al emérito es el tribunal británico por una demanda de Corinna, en la que la gran cuestión es si la justicia considerará que tiene inmunidad y, por lo tanto, no puede ser juzgado. El juez que decidirá al respecto es Mathew Nicklin, un viejo conocido de los medios en el Reino Unido porque se encargó de la denuncia de Meghan Markle contra una agencia de prensa por unas imágenes tomadas en un parque en el Canadá. Un escándalo que molestó especialmente la prensa inglesa.

La Corte Suprema de Londres comunicará a principios de 2022 su resolución sobre si la justicia británica es competente o no para juzgar al exjefe de Estado español por un presunto delito de acoso hacia su amante durante décadas. La alemana demandó ante la justicia británica al monarca español por un supuesto acoso llevado a cabo por Juan Carlos I y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde el 2012 hasta el 2020, y que, según ella, habría incluido entradas en su propiedad, vigilancias ilegales y la organización de una campaña difamatoria contra su figura.

 

Fotografía de portada: Imagen de archivo del rey emérito el año 1994 con el rey saudí Abdallah, con quien hacía años que mantenía una especial relación.