Un juzgado de Madrid ha anulado la licencia de obras que permite hacer las exhumaciones en el Valle de los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros. Según ha informado EFE, el Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por el cual se concedió la licencia urbanística, dando así la razón a una demanda interpuesta por asociaciones como la Fundación Francisco Franco o la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica. Este mismo juzgado ya suspendió de manera cautelar la licencia en noviembre del 2021, una decisión que revirtió posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resolución que este mes de marzo avaló el Tribunal Supremo.
Nuevo obstáculo para las exhumaciones en el Valle de los Caídos
Hace tan solo dos días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó parar las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, tal como pedía la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. En este caso, sin embargo, la justicia se ha pronunciado en contra de las exhumaciones. Se trata de un nuevo obstáculo para el cumplimiento de la resolución judicial que en el 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a recuperar los cuerpos. La cuestión que se ha juzgado en este proceso es el instrumento jurídico que se ha utilizado para autorizar las obras en la basílica.
La jueza Eva María Bru Peral explica a su sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en este procedimiento judicial no se ha intentado determinar "si se puede o no hacer obras en la basílica", sino establecer si estas obras se tuvieron que autorizar mediante una licencia de obras, como estableció el acuerdo de la localidad, o a través de un plan especial. Después de examinar el caso, la magistrada afirma que, a causa de la "complejidad" de las obras, reconocida en la descripción del proyecto, estas "entraban en el ámbito de un plan especial", a pesar de los "esfuerzos de Patrimonio Nacional" por encajarlas "dentro de una mera licencia de obras".
La magistrada apunta que, en este caso, el proyecto hablaba de "obras de reforma", en la que se incluían trabajos de ampliación, pero recuerda que "las ampliaciones están expresamente prohibidas para ser autorizadas a través de licencias" Una licencia de obras tendría que estar limitada a tareas de "mantenimiento, consolidación, recuperación o rehabilitación". En este sentido, la jueza ha detectado "falta de motivación" en el informe del arquitecto municipal, que no hizo "una valoración y calificación de las obras", sino que se limitó a "reproducir la normativa municipal y los datos existentes" en el proyecto de Patrimonio Nacional.
El largo proceso para iniciar las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil
En el recinto del monumento franquista, considerado la mayor fosa común de España, permanecen enterrados 33.833 cuerpos de víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil. De estos, 128 han sido reclamados por sus familiares, y después de un largo periplo judicial y político, finalmente el pasado mes de junio empezaron las tareas forenses por exhumarlos en cumplimiento de la sentencia histórica del 2016, que reconoció el derecho de los familiares de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, a exhumar sus cuerpos. Naturales de Villarroya de la Serra (Zaragoza), fueron fusilados en 1936 por los franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y después reinhumados sin permiso de la familia en el Valle en 1959.
A partir del 2020, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de exhumación a todos los familiares de víctimas que lo reclamen y que puedan acreditar que los cuerpos están enterrados en las criptas de Cuelgamuros, y el actual ejecutivo aprobó en marzo del 2021 una subvención de 665.000 euros para las exhumaciones. Poco después, en junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para las obras de exhumación, pero la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió esta medida porque consideraba que eso influiría en la "necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los muertos y sus familias.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Madrid suspendió en noviembre de 2021 la licencia de obra al entender que eran "evidentes" los daños que se podrían causar si se hacían las obras antes de tener una sentencia definitiva, ya que la construcción originaria habría desaparecido. Por este motivo, quedaron paralizados los trabajos de preparación para las exhumaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó en junio del 2022 la suspensión, pero la decisión fue recurrida. Poco después, en diciembre de 2022, empezaron los trabajos previos para las exhumaciones, consistentes en habilitar los accesos a los columbarios, asegurar las estructuras arquitectónicas que lo necesitaran e implementar los protocolos de seguridad laboral. El Tribunal Supremo rechazó en marzo del 2023 el recurso de la Fundación Francisco Franco y de un particular que abogaban para paralizar los trabajos y a los cuales ahora la jueza da la razón, provocando un nuevo giro en esta larga lucha.