El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha citado a declarar como investigados todos los inspectores jefe de la Policía Nacional por las cargas del 1-O en Barcelona. Los imputados, 8 en total, fueron los responsables del operativo policial en 27 centros de votación del referéndum. El juez los ha citado entre el 9 y el 11 de octubre.
Es la primera vez que se imputan todos los jefes policiales del operativo a Barcelona. Hasta ahora se había citado una parte, pero todavía no se ha aclarado la responsabilidad de las cargas.
Cuatro de los ocho inspectores citados ya habían declarado en calidad de investigados pero lo habían hecho por actuaciones concretas en centros de votación concretos. Ahora, sin embargo, declararán el total de los máximos responsables de las actuaciones sobre el terreno del conjunto de los 27 colegios de Barcelonadonde hubo violencia policial.
El centro Iríada, que ejerce de acusación particular contra los agentes de la policía española denunciados por la "violencia desproporcionada" del 1-O en Barcelona, valoran que la decisión del juez es un "es un paso muy importante fruto del trabajo colectivo".
Para la Audiencia, "la concreta investigación de los responsables del operativo y de las consignas a los agentes permitirá al instructor ponderar si el uso de la fuerza o si las órdenes dadas se ajustaron o no a la situación allá planteada".
Anaïs Franquesa, de Iríada también destaca que gracias a los recursos presentados por la acusación popular del ayuntamiento de Barcelona, la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir escuelas de Barcelona que ya estaban archivadas. Es el caso de la Escola Joan Boscà, donde hubo 5 heridos, y la Escola Prosperidad, con 11 heridos "El trabajo de las acusaciones está sustituyendo la inacción de la fiscalía", denuncian desde Iríada.
Reacción del Govern
La consellera de Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó, se felicitó desde su cuenta de Twitter por lo que considera "una buena noticia". Budó ha recordado que el origen se encuentra en la denuncia que presentó el gobierno de Carles Puigdemont la misma tarde del 1 de octubre contra la actuación "desproporcionada" de la policía española.