El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha admitido ahora que sí que investiga los preparativos del 1-O, después de que en julio del año pasado denegara a la CUP su personación a la causa alegando que no investigaba el referéndum. Por eso, el colectivo de juristas Derechos estudia presentar una querella por prevaricación, falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales contra el juez y la secretaria judicial.
En julio de 2017 la Guardia Civil remitió varias citaciones judiciales a trabajadores y funcionarios de la Generalitat haciendo constar que lo hacían a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 13, pero el propio juzgado dijo, a través del gabinete de prensa del TSJC, que los interrogatorios eran "diligencias de policía judicial y no solicitadas" por él.
A raíz de eso, el colectivo de juristas Drets presentó una querella contra la Guardia Civil por falsedad documental, a la cual se sumó la Generalitat, ante el Juzgado de Instrucción 32, que la rechazó, pero que la Audiencia obligó a admitir a trámite el pasado julio. La propia Audiencia determinó que fuera el mismo Ramírez Sunyer quien certificara si el 21 de julio del 2017 tenía una causa abierta por los dominios y web del Pacto del Referéndum y si había encomendado a la Guardia Civil alguna investigación sobre el hechos relacionados con la convocatoria del referéndum.
Certificado judicial
En respuesta a este requerimiento, el pasado 23 de agosto la letrada judicial del Juzgado 13 entregó un certificado judicial en el cual se admite que, efectivamente, la Guardia Civil investigaba desde el 15 de mayo del 2017 en todos aquellos "que pudieran haber intervenido en la autorización, creación y desarrollo de la web 'pactepelreferendum.cat'", por lo cual se tomó declaración en el cuartel de la Guardia Civil de la Travesía de Gracia de Barcelona durante el mes de julio de 2017 a Joaquim Nin, secretario general de Presidencia, a Jaume Clotet, director general de comunicación, y a Jordi Graells, director general de atención ciudadana, y finalmente el magistrado ordenó en septiembre del 2017 el cierre de la web 'pactepelreferendum.cat'.
El Juzgado 13 también admite que desde el mes de marzo del 2017 la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil estaba investigando los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, rebelión, sedición y contra la paz e independencia del estado, con respecto a las "actuaciones y gastos directamente encaminados a la celebración del referéndum de autodeterminación". De hecho, la secretaria judicial, en su certificado, asegura que "desde el primer momento la instrucción y los investigadores advirtieron actuaciones y gastos directamente encaminados a la celebración de un referéndum de autodeterminación a convocar en breve plazo de tiempo".
Por lo tanto, según Drets, el propio juzgado "reconoce que faltó públicamente a la verdad" cuando el 19 de julio del 2017 dictó un auto rechazando la personación como investigada de la CUP con el argumento que la investigación que el juzgado llevaba a cabo no tenía "por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él".
También se demuestra, según Drets, que era "falso" el comunicado de prensa y los tuits del TSJC del 27 de julio del 2017 donde aseguraba: "las diligencias que se están haciendo este días en el cuartel de la Guardia Civil son diligencias de policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de Instrucción 13 de Barcelona" y donde añadía que la querella que instruía giraba en torno a Santiago Vidal, Carles Viver y Pi-Sunyer y Josep Lluís Salvadó como personas investigadas.
Causa general contra el independentismo
"Resulta evidente, pues, que el Juzgado 13 estaba instruyendo una causa general contra el movimiento independentista para evitar la convocatoria del referéndum del 1-O, como ha defendido siempre Drets, y que por algún motivo el juzgado siempre lo había ahogado|negado, faltando a la verdad públicamente, cosa que podría comportar la nulidad de todo lo que haya investigado este juzgado. Es por eso que Drets estudia presentar una querella contra el Juez del 13 ante el Tribunal Superior de Justicia -vista su condición de aforado--, y contra la letrada judicial por|para prevaricación y/o falsedad y vulneración de derechos fundamentales.
Este mismo juez, Juan Antonio Ramírez Sunyer, así como la letrada judicial del 13 son los que el día 20 de septiembre del 2017 acordaron y llevar a cabo las 41 entradas y cacheos en diferentes conselleries de la Generalitat, organismos públicos y despachos particulares, entre las cuales la de la Conselleria de Economía de la Rambla de Catalunya. Además, la letrada judicial es uno de los testimonios clave de las acusaciones en el juicio que se celebrará próximamente ante el Tribunal Supremo contra los presos políticos catalanes, y será importante saber cuál fue su actuación aquel día dentro de la Conselleria de Economía, ya que denunció que los manifestantes no lo habían dejado salir tranquilamente del edificio, y por qué desde el Juzgado 13 se negó a que se estuviera investigando el referéndum del 1-O, cuando ella misma ha acabado certificando que sí que lo hacía.