Un juzgado investiga la vulneración del derecho de defensa de los internos por la crisis en las prisiones, el mismo día que hemos sabido que el bloqueo ha obligado a suspender unos cincuenta juicios. Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 6 de Figueres (Alt Empordà), en funciones de guardia, ha recibido una denuncia de un abogado por los delitos de vulneración de los derechos de los internos y del derecho a la defensa. Recordemos que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha avisado a los funcionarios de prisiones de que la protesta es ilegal porque "no hay huelga convocada".
Todo, "a consecuencia de las acciones de protesta de los funcionarios de prisiones que han dificultado la comunicación de los abogados con los internos en el centro penitenciario de Puig de les Basses (en Figueres), y del traslado de estos a las sedes judiciales". Ante esto, el juzgado ha abierto diligencias previas y el TSJC ha aclarado que la denuncia "no se dirige contra personas concretas sino, de forma genérica, contra aquellos que hayan provocado la situación denunciada".
Los abogados catalanes y la crisis en las prisiones
Por su parte, el Consell de l'Advocacia Catalana ha recordado que "el legítimo derecho a la protesta en ningún caso tiene que impedir el ejercicio del derecho a la defensa por parte de los profesionales de la abogacía". "Con todo, el hecho que las reivindicaciones de las personas trabajadoras de los centros penitenciarios no estén amparadas por una convocatoria formal de huelga y la correspondiente implantación de servicios mínimos, está afectando a la asistencia letrada y de comunicación –tanto presencial como por videoconferencia– de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas a causa de la situación en los accesos y al interior de las prisiones catalanas", ha manifestado la corporación en un comunicado de este lunes.
Los abogados catalanes han insistido en que "las personas privadas de libertad siempre tienen que tener garantizado como derecho esencial el derecho a su defensa con plenas garantías". "Por esto, lamentamos que esta situación no puede suponer la suspensión de visitas o la afectación en la conducción de las personas privadas de libertad a sus comparecencias delante de los órganos judiciales", han dicho. Finalmente, ha exigido a la administración competente que tome "todas las medidas necesarias para resolver este conflicto de forma urgente y evitar que en el futuro se repita una situación como esta, tanto con respecto a la seguridad de los profesionales de los centros penitenciarios como al libre ejercicio de abogacía".