Un juzgado de Madrid ha obligado a José Luis Martínez-Almeida a recuperar una placa de Francisco Largo Caballero, político socialista durante la Segunda República española. Fue el 29 de septiembre del 2020 cuando el pleno del ayuntamiento de la capital española aprobó la retirada de los nombres del bulevar Indalecio Prieto (otro político del PSOE de aquel periodo) y de la avenida Francisco Largo Caballero, así como la placa conmemorativa de este último situada en una plaza del distrito de Chamberí. Pero el juzgado contencioso-administrativo 30 de Madrid ha anulado ahora el acuerdo, que había contado con los votos del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. La justicia ha estimado el recurso que presentó el sindicato UGT, del cual Largo Caballero fue un dirigente histórico.
La administración demandada tendrá que "restituir la mencionada placa de la fachada del edificio de la Junta Municipal de Distrito de Chamberí, situada en la plaza de Chamberí número 4 de Madrid", dicta el texto. De esta manera, el consistorio está obligado a recuperar la placa porque la magistrada Carmen Casado Guijarro considera que su retirada no se ajusta "a derecho". Eso sí, siempre cuando no se recurra la sentencia. Recordamos que las partes demandadas son el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal de Vox y la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. Estas partes dicen en el escrito que la retirada de la placa sí que "fue ajustado a derecho" porque no se trataba de uno "bien protegido del patrimonio cultural del Ayuntamiento de Madrid". Sea como sea, la propuesta del partido de extrema derecha que contó con el apoyo del PP y C's dejó la imagen de dos operarios desmontando la placa con un martillo. Esto fue el 15 de octubre del 2020.
Casi dos años después, la justicia ha dictaminado que Largo Caballero no era sujeto del artículo 15 de la ley de memoria histórica. Esto es una ley que permite que las administraciones públicas retiren escudos, insignias, placas y otros objetos o enmiendas conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista. Así pues, la sentencia acusa al ayuntamiento de la omisión de "pedir el informe preceptivo de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de la Ciudad de Madrid, al cual venía obligado, para tratarse de un elemento incluido en el Catálogo de Elementos Protegidos del PGOUM/1997".
Vox ya ha anunciado que recurrirá la sentencia y que espera que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid hagan lo mismo. Pero la izquierda ha celebrado el fallo judicial. La portavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre, ha escrito en sus redes sociales que "la destrucción de la placa de Largo Caballero no tendría que haber pasado". "El PP aceptó la propuesta de Vox de borrar nuestra historia y, al final, la justicia pone la memoria democrática en el lugar que la derecha y la ultraderecha le niegan. Las martilladas no se olvidan", ha añadido. En una línea similar se ha manifestado el PSOE, que se ha mostrado "contento" por la sentencia y ha señalado que el fallo judicial considera probado que la placa de Largo Caballero "estaba protegida". Es por esto que "nunca se tendría que haber sacado a martilladas sin ningún procedimiento administrativo". "Exigimos al alcalde Martínez-Almeida que no recurra esta sentencia de la misma manera que no recurrió la restitución de las calles franquistas en su momento", ha concluido.