Después de semanas de debate, JxCat y ERC han llegado a un acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión de diputados impuesta por el juez Pablo Llarena. Los dos grupos, que tienen mayoría en la mesa del Parlament, han acordado llevar esta cuestión a la comisión del Estatuto del Diputado, a través de la aplicación del artículo 25 del reglamento, y que esta emita un dictamen que sea votado en el pleno.
La decisión ha sido comunicada este mediodía en una rueda de prensa conjunta del presidente del Parlament, Roger Torrent, y del vicepresidente, Josep Costa. La comisión del Estatuto del Diputado todavía no está constituida, pero Torrent ha asegurado que será convocada lo más pronto posible. La semana que viene el pleno del Parlament celebrará el debate de política general y, por lo tanto, la intención es que la cuestión se resuelva cuanto antes.
Torrent ha defendido la decisión tomada porque considera que la suspensión de diputados la tiene que tomar el Parlament y que, por eso, hay que aplicar el reglamento y llevar la cuestión a la comisión. "Queremos preservar la autonomía del Parlament de Catalunya a través de la aplicación directa de su reglamento", ha defendido. Así, el presidente ha defendido que la cámara tiene la "capacidad de auto-regularse" y que no puede "renunciar a su autonomía".
También el vicepresidente de la cámara, Josep Costa, ha defendido el acuerdo porque "garantiza la autonomía y la dignidad del Parlament" y ha asegurado que "son los 135 diputados de la cámara los que decidirán sobre los derechos y la suspensión eventual de los diputados, no un tribunal o un juez". Costa, como también ha hecho Torrent, ha rechazado las injerencias judiciales y ha asegurado que la cámara "tiene la obligación y el mandato de hacerles frente".
El presidente Torrent también ha querido reivindicar que el acuerdo finalmente adoptado "reúne lo mejor de todas las propuestas" y "las legítimas expectativas que todo el mundo tenía en torno al acuerdo". Según ha explicado el republicano, el acuerdo cumple las tres premisas que consideraban imprescindibles: que ningún diputado tenga que devolver el acta, que no se alteren las mayorías surgidas de las urnas el 21-D y que se asegure la efectividad de los acuerdos tomados.
Sin detalles del acuerdo ni de las posiciones
Sin embargo, Torrent y Costa no han querido avanzar cuál podría ser el dictamen de la comisión del diputado ni cuál será la votación de JxCat y ERC en la comisión del Estatuto del Diputado y en el pleno, porque han asegurado que esta decisión depende del grupo parlamentario. Tampoco han querido aclarar si los diputados encausados podrían votar sobre su suspensión.
El pasado mes de julio el presidente del Parlament, Roger Torrent, desconvocó el último pleno del curso político por las discrepancias sobre cómo aplicar el auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que suspendía "temporalmente" a los diputados encausados, una figura que no recoge el reglamento de la cámara. Las discrepancias de los dos socios independentistas se han mantenido desde aquel día y hace semanas que negocian para llegar a un acuerdo.
Para JxCat una de las líneas rojas era que el president en el exilio, Carles Puigdemont, quedara fuera de la suspensión. ERC, en cambio, consideraba que la decisión tenia que afectar a todos los diputados por igual, que se tiene que garantizar que los diputados no pierdan el acta, que se mantengan las mayorías parlamentarias y que las decisiones que se tome sean efectivas y no puedan ser impugnadas.
La suspensión de diputados de Llarena afecta a seis diputados ―Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull― que tendrían que dejar de ser diputados, pero da una posibilidad que evita que las mayorías parlamentarias se vean alteradas a través de una "suspensión temporal" de los diputados encarcelados y en el exilio que comportaría que sus funciones fueran asumidas provisionalmente por otros integrantes del grupo, sin que perdieran para siempre su acta.
El auto no incluye al diputado de ERC Toni Comín, ya que el juez aceptó su petición para recorrer el procesamiento, pero una vez levantadas las medidas cautelares de la euroorden de extradición por parte de la justicia belga, el republicano tiene complicado argumentar su ausencia.