"Ir a Luxemburgo nos da mucha vergüenza, pero si tenemos que ir, iremos". Con estas palabras ha resumido Gonzalo Boye el proceso jurídico en el que se ha inmerso, una vez más, Junts per Catalunya para combatir a la justicia española. En nombre de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y de la propia candidatura, el equipo de abogados ha presentado el recurso contra el veto de la Junta Electoral Central para que los tres puedan ser candidatos a las elecciones europeas del 26 de mayo. Para curarse en salud, lo han hecho en tres ventanillas diferentes: la sala del contencioso administrativo de Madrid, el Supremo y la JEC. Les queda el Constitucional y Europa. La esencia, que tienen sus derechos políticos intactos. ElNacional.cat os ha avanzado el documento, de 45 páginas.
El escrito, firmado por Jaume Alonso Cuevillas, define la decisión como "confusa, aberrante, antijurídica y contradictoria" y pone de manifiesto que no solo se vulneran los derechos del expresident y los exconsellers de JxCat, sino también los de todos los ciudadanos españoles a quien "se está privando de poder escoger a unos candidatos que cumplen todos los requisitos legales para concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo". Es decir, que "vulnera el pluralismo político". En el recurso enumeran además, otros derechos contra los cuales consideran que atenta la JEC, tales como el sufragio pasivo, la presunción de inocencia o la tutela judicial efectiva.
Los abogados ponen el énfasis en la división que generó entre los magistrados de la Junta Electoral Central la medida aplicada contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. Y exponen los argumentos esgrimidos por los cuatro miembros del órgano (el presidente, el vicepresidente y dos vocales) que emitieron un voto particular avalando la candidatura. Es más, denuncian que se trata de una decisión de "naturaleza solo política" y adoptada con total "falta de imparcialidad". En este punto adjuntan el listado de declaraciones de vocales de la JEC contrarias al procés y a Puigdemont.
Que no haya elecciones hasta que no se resuelva
Ahora se abre un plazo hasta el sábado para que se resuelvan estos primeros recursos. Boye ha explicado que si se ha presentado por tres vías distintas es porque "la ley española en cuanto a estos recursos es confusa y difusa". Si la resolución no da la razón a JxCat, el siguiente paso es ir al Tribunal Constitucional. Y si ni así salen adelante, la última instancia es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo). Por si no se llegara a tiempo antes del 26-M, piden como medida cautelar que se readmita a Puigdemont, Comín y Ponsatí a la lista. Y si no, "que se suspenda la cita electoral hasta que no se resuelva" porque "pone en riesgo la viabilidad de la cita" y "para evitar la vergüenza que implicaría que nuestro planteamiento fuera ratificado por Luxemburgo con el consecuente descrédito para la institucionalidad española y el gasto que generaría en las arcas públicas españolas".
"Estamos en el lado correcto de la ley", aseguran desde Junts per Catalunya. Ahora falta que les den la razón.