A las puertas de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre Oriol Junqueras y Quim Torra, Junts per Catalunya redobla la presión hacia el Parlament para que de ninguna manera se acepte la posibilidad de apartar al president de su escaño. Uno de los argumentos que esgrimen es el precedente de Irene Rigau, la exconsellera del gobierno Mas condenada por el 9-N, que siguió siendo diputada a pesar de la inhabilitación del TSJC hasta que no hubo sentencia firme.
La posibilidad de que Torra quede inhabilitado ha hecho rebrotar las desconfianzas de JxCat con ERC, específicamente con el presidente del Parlament, a quien todavía no perdonan el intento fallido de investidura a distancia de Carles Puigdemont. Esta misma semana hubo un nuevo episodio de tensión. El entorno de Torra manifestó su malestar por el hecho de que Roger Torrent anunciara sin avisarles que presentaría un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central. Finalmente, tras ponerse en contacto, ambas partes acordaron que los servicios jurídicos del Parlament seguirían adelante con el recurso, para "defender los derechos del president".
Hoy, desde JxCat continúan con el marcaje e insisten en que esperan que "el Parlament garantizará que su reglamento y la resolución aprobada el sábado —que ratificaba a Torra en el cargo de diputado y president— prevalecerá ante cualquier injerencia irregular en la soberanía de la cámara". Recuerdan que el pleno "rechazó la decisión de la JEC" y que "la soberanía del Parlament prevalece sobre una decisión de un órgano administrativo".
Para reforzar su posicionamiento, desde JxCat se remontan al precedente de Irene Rigau. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sentenció que quedaba inhabilitada para ejercer un cargo público. A pesar de eso, ella siguió manteniendo la condición de diputada porque la sentencia, hasta que no la confirmara el Supremo, no era firme.