El grupo parlamentario de JxCat propondrá la reprobación en el Parlament del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Mariano Rajoy como conclusión de la comisión de investigación del 155, sobre la suspensión del autogobierno de Catalunya después del referéndum del 1-O. "Fueron los responsables de que esto pasara", ha argumentado al presidente del grupo parlamentario, Albert Batet.

JxCat también propone reprobar a todos los miembros del gobierno Rajoy, al entonces delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y al que era líder de Cs Albert Ribera. A todos ellos se les reprocha en las conclusiones de la investigación que fueron "parte activa y decisiva" en la aplicación del 155. En el caso del monarca, además, también se le acusa de actuaciones "a fin de que importantes empresas desplazaran sus sedes fuera de Catalunya".

Además se propone la reprobación también de los grupos parlamentarios que no participaron en los trabajos de la comisión, en referencia a PP, Cs y PSC.

Falsa normalidad

El texto que JxCat propone para la aprobación del Parlament como conclusión de esta investigación, advierte que se ha impuesto después del 155 una "falsa normalidad" ya que la excepcionalidad y la represión continúan, con la condena de los miembros del Govern por el 1-O, el exilio de los políticos perseguidos activamente por los poderes del Estado español, los juicios todavía abiertos por el referéndum, o la inhabilitación el president de la Generalitat, Quim Torra.

Por todo ello, las conclusiones de JxCat piden que el Parlament manifieste que el 155 continúa "de facto" en aplicación, y que constate que el exilio ha puesto en evidencia "la actuación impune del Estado" y que "la lucha por los derechos y las libertades en el marco de una Catalunya independiente sigue siendo tan vigente como necesaria".

En la primera de las conclusiones, JxCat asegura que la suspensión de la autonomía de Catalunya "fue un golpe de Estado sin precedentes en el marco de la UE contra la voluntad mayoritaria de un pueblo en torno al derecho a decidir".

Según este texto, la aplicación del artículo 155 "fue una acción perfectamente asimilable a un golpe de Estado ejecutado desde los propios aparatos del Estado", que fue pactado por los diferentes poderes del sistema y ejecutado por Rajoy, con el apoyo de Felipe VI y la "complicidad" de PSOE y Ciudadanos.

TC: instrumento devastador

Esta utilización del 155 ha enmendado los principios que orientaban el Estado de las autonomías y ha convertido al Tribunal Constitucional en "el instrumento de acción política más devastador de las bases que estructuraban la arquitectura competencial del Estado", por lo cual el alto tribunal ha quedado "totalmente deslegitimizado como defensor del marco competencial". Asimismo, JxCat denuncia la instrumentalización del poder judicial en todas sus instancias y "bajo el mando de la monarquía"

 

JxCat denuncia que la decisión de aplicar el 155 estaba ya tomada, que convocar elecciones y no declarar la independencia no lo habría parado, y que es resultado de un "uso abusivo y arbitrario de la ley y de la Constitución por parte del Estado español".

Asegura que el cese del Govern y la disolución del Parlament fueron ilegales y se hicieron con la pretensión de "privar a los líderes políticos independentistas de un juicio justo"; que la aplicación del 155 fue inconstitucional y "no se ajusta a los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuación"; que fue resultado de una estrategia entre los poderes del Estado para parar el movimiento independentista y destruir sus liderazgos políticos y civiles; que no se respetaron los resultados electorales del 21 de diciembre del 2017 y se hizo caso omiso del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al no permitir la investidura de Jordi Sánchez.

Daños económicos y sociales

Según el texto de JxCat, el 155 "ocasionó daños y perjuicios a la actividad del Govern de la Generalitat y las políticas públicas que estaba ejecutando y dejó a la Generalitat sin capacidad para defenderse a los tribunales, ni contra la misma suspensión ni contra casos como el litigio por las obras de Sixena o el de los docentes del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, lo cual provocó vulneración del derecho fundamental a la defensa.

También ha comportado, según las conclusiones de esta grupo, "daños económicos", ha limitado la capacidad de decisión sobre la ejecución de su propio presupuesto" y ha frenado "en seco" proyectos clave para el futuro de la salud pública en Catalunya.

Capítulo aparte se dedica a la intervención para "desestabilizar la economía catalana" y la aprobación de un decreto para facilitar la "fuga" de las sedes sociales de las empresas fuera de Catalunya, con "presiones" sobre estas empresas, incluso por parte del Rey.

Asimismo, denuncia daños en las políticas sociales en diferentes ámbitos de manera especial aquellas dirigidas a colectivos más vulnerables como el tercer sector o las residencias de personas mayores. En concreto asegura que uno de los daños más graves se produjo con el paro del Plan de mejora de la calidad y sostenibilidad de las residencias de personas mayores, que tenían que permitir conciertos que quedaron paralizados con el 155.