Junts per Catalunya ha registrado esta mañana en el Parlament y sin la firma de ERC la propuesta de resolución que defiende las instituciones catalanas suspendidas por el artículo 155 de la Constitución y denuncia la deriva autoritaria del Estado español. El último punto de la resolución recuerda que el president Carles Puigdemont sigue teniendo la mayoría suficiente del Parlament para poder ser ratificado en el cargo y exige al Gobierno que cese las injerencias ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que pretenden impedir la materialización de la voluntad democrática de los catalanas expresada en las urnas el 21-D.
El texto formaba parte de las negociaciones entre JxCat y ERC para la investidura. No obstante, ante la interrupción de las negociaciones y a la vista de la imposibilidad de pactar el contenido de la propuesta con los republicanos, el grupo de Puigdemont ha decidido registrar esta mañana la iniciativa en solitario.
La resolución, que será sometida a la aprobación de la cámara, denuncia la "destitución ilegal e ilegítima del president de la Generalitat y su gobierno" con la aplicación del 155 y proclama el compromiso de restaurar la institución de la presidencia. Recuerda que Puigdemont fue elegido por el Parlament el 10 de enero de 2016 por mayoría absoluta y que ha sido avalado por las elecciones del 21-D para ser candidato a la presidencia esta legislatura. "Sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente para poder ratificarle la confianza como presidente", remacha la resolución.
La propuesta, con una larga exposición de motivos en la que se denuncia que las medidas que llevaron a la suspensión del autogobierno por parte del Estado "atentan directamente contra la soberanía y la inviolabilidad" del Parlament, reitera que la cámara catalana representa y es expresión del pueblo de Catalunya y su voluntad, además de insistir que los diputados disfrutan de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad parlamentarias.
Expresa "el rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución", así como sus efectos sobre las instituciones, que han vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes, y denuncia la deriva autoritaria del Estado, la vulneración de la separación de poderes, el encarcelamiento preventivo de cuatro dirigentes independentistas y el impedimento de que diputados de la cámara puedan ejercer sus derechos y deberes en plenitud.