El Parlament ha aprobado este jueves -con los votos a favor de Junts pel Sí y Catalunya Sí Que es Pot, la abstención de la CUP y el voto en contra de Cs, PSC y PP- una moción presentada por los comunes que insta al Govern a poner en marcha "las iniciativas oportunas para disponer del asesoramiento, reconocimiento y aval de la Comisión de Venecia".
Este jueves, el Parlament ha aprobado una moción que pone de manifiesto el compromiso del Govern a buscar el reconocimiento internacional de la Comisión de Venecia aunque Junts pel Sí en ningún caso lo considera imprescindible para la celebración del referéndum. Por otra parte, la moción también establece diez parámetros que pueden servir para dotar de garantías al referéndum, poniendo de relieve la formulación de la pregunta, los criterios para que tenga validez, las características del censo electoral o los requisitos de imparcialidad e independencia que tiene que tener el órgano que lo organiza, entre otros.
Coscubiela ha sido el encargado de defender la moción y ha asegurado que esta responde a la "necesidad imperiosa de buscar el reconocimiento internacional para vencer el bloqueo constante del Gobierno español".
En este mismo sentido, la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha explicado que su partido acepta esta iniciativa porque busca superar "el inmovilismo" en qué está instalado el Gobierno español. Rovira ha reiterado el compromiso del Govern de "celebrar el referéndum de forma pactada y acordada políticamente con el gobierno del Estado español" pero ha subrayado la voluntad del Ejecutivo de Carles Puigdemont de celebrar el referéndum (o referéndum) independientemente del "momento político".
Dejando de lado los matices, la moción ha permitido disponer de un margen de acuerdo entre los comunes, hasta ahora reacios a la celebración de un referéndum unilateral, y el Govern de Junts pel Sí. Por su parte, la CUP apuesta claramente por un referéndum unilateral, vista la oposición del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En este sentido, los anticapitalistas han cargado contra la moción presentada por CSQP ya que "implica aceptar o un referéndum pactado con el Estado o bien el previo reconocimiento de la Comisión de Venecia".
Según consideran, la moción gira entorno los Estados y el reconocimiento internacional de la situación de Catalunya. "El independentismo de orden e izquierda de orden han encontrado en la defensa del Estado un punto de encuentro", ha asegurado el diputado Benet Salellas, que ha reiterado la defensa de la CUP al derecho de autodeterminación y a la unilateralidad que comporta.
La CUP constata el enrocamiento del Estado
A pesar de la abstención y escepticismo de la CUP en referencia a la moción, los anticapitalistas han dado apoyo a dos de los seis puntos propuestos por los comunes. Uno de estos constata "el enrocamiento del Estado español" en la negativa a la celebración de un referéndum pactado, "con comportamientos claramente autoritarios y que vulneran los derechos democráticos de la ciudadanía".
El otro punto hace referencia a las movilizaciones "con carácter unitario" que se puedan convocar en defensa de celebración del referéndum. En este sentido, Coscubiela ha puesto de relieve el trabajo hecho por el Pacte Nacional pel Referéndum a la hora de recoger apoyos.
Las críticas de la oposición
El resto de grupos parlamentarios se han opuesto frontalmente a la moción. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido al Govern que "sólo pueden repetir otro 9N" y lo ha instado a poner las urnas para celebrar unas elecciones autonómicas.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha subrayado que "el referéndum no cumple con el primer requisito de la Comisión de Venecia", que es el de ajustarse a la Constitución. De hecho, según estipula el Código de Buenas Prácticas de la comisión, los referéndums "no pueden celebrarse si la Constitución o una ley de acuerdo en esta —cómo podría ser el Estatuto de Catalunya— no lo estipula".
En este sentido, el portavoz del PP catalán en el Parlamento, Alejandro Fernández, ha considerado que "no existen vía legales" para celebrar el referéndum y que en todo caso este "no sirve para solucionar problemas trascendentales", citando el referéndum que se hizo en Italia y que concluyó con la dimisión del primer ministro Mateo Renzi.