Este martes ha quedado rechazada una enmienda de la CUP que proponía incluir en el reglamento de la Cámara un punto para obligar a los investigados en un procedimiento penal a dimitir por un periodo de tres meses. Esta votación se ha dado en el marco de la Comisión de reforma de reglamento, que ha elaborado un dictamen que sólo depende de la ratificación del pleno para ser aprobado definitivamente.

"La mera condición de investigado en un procedimiento penal por parte de un órgano judicial por un delito del ámbito de corrupción política provocará inmediatamente la suspensión de la condición de diputado por un periodo de tres meses". Esta enmienda, propuesta por la CUP, ha sido rechazada con los votos en contra de todos los grupos parlamentarios menos Ciudadanos, que se ha abstenido, y Catalunya Sí que es Pot y los propios anticapitalistas, que han dado apoyo.

En caso de haberse aprobado, y después de haber sido ratificada por el pleno, este punto hubiera tenido unos efectos directos sobre el exconseller de Justícia Germà Gordó, investigado por la supuesta financiación ilegal de Convergència. Junts pel Sí, grupo al que pertenecía Gordó hasta esta mañana, ha intervenido durante la votación y ha asegurado que intentará transaccionar la enmienda antes del pleno, cuando se vote el reglamento definitivo.

Lectura única

El debate se ha producido durante la Comisión de reforma de reglamento, en el que ha quedado aprobado, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, el artículo en que se recoge la posibilidad de tramitar una proposición de ley por lectura única y a instancias de un solo grupo.

Este ha sido el punto más controvertido en todo el periodo de negociaciones desde que se presentó la propuesta de reforma del reglamento por parte de Junts pel Sí. Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP consideran que "vulnera los derechos de los diputados" y que pretende "silenciar la oposición".

"El problema no es el trámite, sino lo que se piensan que queremos aprobar", ha asegurado el presidente de Junts pel Sí, Jordi Turull. De hecho, la inclusión de este punto en el reglamento permitiría tramitar de manera exprés las leyes de desconexión, ya que, al hacerse por lectura única, no tendrían que pasar por un periodo de enmiendas ni de debate en comisión parlamentaria.

Las comisiones de investigación

Los grupos de la oposición han presentado varias enmiendas a la propuesta de Junts pel Sí pero todas las referidas a la lectura única han sido rechazadas. No lo han sido, en cambio, las que hacían referencia a la necesidad de que las Comisiones de Investigación dispongan de un plan de trabajo definido.

Estas enmiendas pretendían evitar que las comisiones queden en vía muerta, como pasó con la que pretendía investigar las declaraciones que el exsenador de ERC Santi Vidal hizo, asegurando que el Govern estaba recogiendo los datos fiscales de los catalanes de manera ilegal.

En aquel caso, Junts pel Sí retiró su plan de trabajo y votó en contra de todas las solicitudes de comparecencia de otros grupos, lo que imposibilitó que la comisión iniciara sus trabajos.

Modificación del orden del día

Por otra parte, Ciudadanos, PSC y Catalunya Sí que es Pot también han presentado enmiendas para exigir más consenso a la hora de modificar el orden del día.

"Ponemos que el pleno está reunido, un 17 de agosto cualquiera, y registran una proposición de ley y la admiten a trámite. En la misma sesión, un par de grupos parlamentarios piden que se modifique el orden del día y la dispensa de todos los trámites. Eso podría producirse y eso es lo que nuestras enmiendas intentan evitar". Lisa y llanamente.

De esta manera, el portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, ha defendido la enmienda de su grupo que pedía una mayoría de dos terceras partes para incluir en el orden del día una ley que no haya superado los trámites reglamentarios. En la misma línea iban dirigidas las enmiendas de Ciutadans y Catalunya Sí que es Pot, todas rechazadas.

El calendario

Con la votación de las más de 50 enmiendas presentadas al reglamento se ha elaborado un dictamen que será llevado al pleno, donde se votarán de nuevo las enmiendas que no han sido aceptadas.

La voluntad de Junts pel Sí y la CUP era llevar el dictamen al pleno del 14 y 15 de julio. Esta posibilidad, sin embargo, ha quedado descartada, ya que tanto Ciudadanos como PSC han pedido un dictamen en el Consell de Garanties Estatutàries, que tiene hasta un mes para pronunciarse.

Aunque el procedimiento de reforma de reglamento es legal, los socialistas catalanes consideran que se estaría vulnerando "el derecho a la participación" de los grupos y que el Govern quiere "modificar las reglas del juego" en favor de un proyecto político.