Los grupos parlamentarios de JxSí, el PSC, CSQP y la CUP han entrado al registro del Parlament una proposición de ley de reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia. En concreto, una reforma de la el artículo 143.4 de la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que es "el marco legal que impide que en Catalunya se facilite una muerte digna y sin sufrimiento".

La propuesta, que consta de un artículo único que defiende que "estará exento de responsabilidad penal quien, por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que padeciera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o de patología incurable que provoca sufrimiento físico y/o psíquico grave y que se prevé permanente, causara o cooperara con actos necesarios a la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona, en el marco de la ley establecida".

La propuesta -la impulsa la Plataforma por Derecho a Morir Dignamente (DMD)- se presentará en la Mesa del Congreso de los Diputados.

Los cuatro grupos firmantes destacan que "Catalunya ha sido puntera en la legislación sobre derechos del paciente y Documento de Voluntades Anticipadas, y en el desarrollo de las curas paliativas" y recuerdan en una nota conjunta que el Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio, elaborado por el Comité Consultivo de Bioética de Catalunya el año 2006, a petición del Departament de Salut de la Generalitat, ya recomendaba modificar este artículo del Código Penal.

JxSí, PSC, CSQP y CUP consideran que "avanzar en el derecho a la muerte digna es disponer de equipos paliativos multidisciplinares 24 horas, 7 días a la semana, para atender a los enfermos y las probables urgencias. Y es reforzar la formación inicial y continua de los profesionales de la medicina, enfermería, trabajo social y psicología clínica para que tomen conciencia de que la atención al final de la vida forma parte de su tarea profesional".

La propuesta también reclama una "ley de disposición de la vida propia que garantice la libre autonomía personal y al mismo tiempo la protección de los colectivos más vulnerables" de manera que se pueda velar porque quien está "debilitado" no pueda ser "manipulado" ni "utilizado para atender los intereses de otras personas".