La Abogacía del Estado considera procedente llevar a la justicia belga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber facilitado la extradición de los exiliados para el 1-O, tal como había pedido el magistrado Pablo Llarena, que sigue siendo el instructor de la causa contra los exiliados en el Supremo. Según ha adelantado El Mundo, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, considera que no extraditar a los líderes independentistas es una "quiebra radical de los principios de confianza y reconocimiento mutuo sobre el cual se fundamenta la Orden Europea de Detención Entrega". Anteriormente, la Fiscalía ya se había mostrado de acuerdo.
Los servicios jurídicos del Gobierno consideran que la actuación de la justicia belga "genera un elevado riesgo de impunidad de personas que quieren eludir la justicia a pesar de ser sospechosas de haber cometido un delito". Además, la Abogacía argumenta que la supuesta falta de competencia que alega Bélgica es "incomprensible", ya que Puigdemont, Comín y Ponsatí son parlamentarios europeos.
En este sentido, recuerda que los presos políticos sí que han sido condenados a España por el 1-O y acusa a Bélgica de "no respetar los pronunciamientos judiciales sobre el derecho interno español". "El artículo 17 de la Decisión Marco de 2020 dice que la orden de detención europea se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia", recuerda en su escrito revelado por El Mundo.
La Fiscalía, en la misma línea
Estos argumentos son los mismos que utilizó la Fiscalía en su escrito de ahora hace una semana, en la que critica duramente la interpretación belga de las euroórdenes contra los exiliados catalanes. El ministerio público no sólo avala llevar la justicia belga delante del TJUE sino que sugiere a Llarena que pregunte al tribunal sobre varias cuestiones relacionadas con el caso. ¿Por ejemplo, los fiscales españoles proponen al instructor que pregunte si "está autorizada la autoridad judicial del estado de ejecución a denegar la entrega del reclamado por la euroorden por razones diferentes de las recogidas?"
Además, asegura que el tribunal belga "se ha excedido al realizar una interpretación contraria a la jurisprudencia del TJUE, que atribuye en sus últimas sentencias la protección de los derechos fundamentales al juez de emisión." Eso, según la Fiscalía, teniendo en cuenta que todos los Estados miembros de la UE comparten los mismos valores y forman parte del mismo sistema judicial.
La fiscalía también basa su aval en Llarena en el informe de un grupo de trabajo de la ONU en que se publicó hace casi dos años, justo cuando se acabó el juicio, que pedía al liberto de Cuixart, Sànchez y Junqueras. Concretamente, los fiscales consideran que es una improcedencia basar la sentencia de la extradición de Puig en las conclusiones de aquel informe y piden a Llarena que pregunte si un Estado puede no extraditar a una persona fundamentándose en las conclusiones de un grupo de trabajo "dónde se afirma, sin ninguna base objetiva, la existencia de riesgos de lesión de la presunción de inocencia" cuándo todavía no se ha celebrado el juicio en cuestión.
¿Qué planteó Llarena?
Concretamente, el instructor del caso contra Puigdemont y los exiliados, preguntó la opinión de la Fiscalía sobre si había o no de elevar una cuestión prejudicial en el TJUE sobre el alcance de las euroórdenes de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, después de la negativa belga a extraditar a Lluís Puig.
Imagen: El magistrado Pablo Llarena / ACN
En una providencia, Llarena concedió tres días a la Fiscalía, a la acusación popular y a los abogados de las defensas para que formulen sus alegaciones a esta cuestión. Llarena pedía en las partes conocer su opinión antes de decidir si plantea esta cuestión prejudicial en el TJUE sobre el alcance y las razones de denegación de una euroorden con el fin de poder establecer criterios sobre si se tiene que mantener, retirar o emitir nuevas euroórdenes contra los exiliados.
Imagen principal: Rosa María Seoane, abogada del Estado / EFE