La Abogacía del Estado quiere evitar que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) devuelva la inmunidad al presidente en el exilio Carles Puigdemont. Es por eso que ha presentado sus alegaciones en el tribunal antes de que finalizara el plazo el viernes pasado. Según informa Europa Press, se han presentado y siguen la línea de anteriores escritos.
Así han reaccionado los servicios jurídicos del Estado después de que la defensa de Puigdemont remitiera el pasado 1 de octubre una nueva demanda de medidas cautelares al TGUE para recuperar su inmunidad como eurodiputado. Una petición que hizo antes de que Puigdemont compareciera delante al tribunal italiano y que frenaría el proceso abierto en la Justicia italiana para decidir sobre su entrega a España después de su reciente detención en la isla de Cerdeña.
Sin riesgo
La suspensión de la inmunidad de Puigdemont en julio pasado respondía a la decisión del Parlamento Europeo, que consideró que no había riesgo de detención. El tribunal con sede en Luxemburgo avaló esta decisión.
Sin embargo, se dejaba la puerta abierta a examinar nuevas medidas provisionales si el reclamado por la Justicia española fuera arrestado por autoridades de un Estado miembro, como ha estado el caso hace pocos días, en la isla italiana.
"Cautelares", no "cautelarísimas"
Gonzalo Boye, abogado del presidente en el exilio, solicitó medidas cautelares, que no cautelarísimas. Así lo explicó a las redes sociales el día en qué pidió estas medidas y explicaba que consideraban que ha quedado comprobado que "no existía voluntad" en el juez instructor de la causa del proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de "garantizar los derechos" de Puigdemont como eurodiputado.
El abogado añadió que, cuando se trata de medidas "cautelarísimas", el Tribunal de la UE puede decidir de manera provisional sobre el asunto sin esperar a escuchar las partes afectadas -cómo hizo la primera vez retornando temporalmente la inmunidad llena a Puigdemont-. Por el contrario, si se trata de medidas cautelares, los plazos son más largos porque el acto no llega hasta escuchar a todas las partes.
La euroorden sigue
Una petición que no afectaba a la vista señalada ante el Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña. Lo aclaraba Boye en su comunicado, y añadía que antes de que la Justicia europea se pronunciara, se tenía que dar traslado de la demanda tanto a España como al Parlamento Europeo.
La primera decisión del TGUE que rechazaba actuar en contra de la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad, se adoptó porque España indicó que no existía riesgo de detención, algo que quedó desmentido por la detención del expresidente catalán en Cerdeña y la comunicación remitida posteriormente por Llarena al tribunal sardo para subrayar que la euroorden continuaba viva.
Oposición inicial
El Parlamento Europeo se opuso, inicialmente, a conceder temporalmente la inmunidad al presidente Puigdemont a pesar de su breve detención en Cerdeña.
Hace poco más de una semana, fuentes parlamentarias confirmaban a la ACN que los servicios jurídicos de la cámara volverían a posicionar en contra de las medidas cautelares pedidas por el eurodiputado al Tribunal General de la Unión Europea.