La Asociación de Víctimas del Terrorismo, nacida para dar cobertura a las víctimas de ETA, ahora también es parte del procedimiento judicial contra los CDR. Según el auto al que ha tenido acceso ElNacional.cat, la Audiencia Nacional ha aceptado su personación como acusación popular contra los siete miembros de los CDR encarcelados en Soto del Real y acusados de integración en organización terrorista y tenencia de explosivos. Hay dos más en libertad con cargos. La semana pasada se levantó el secreto de sumario y justo las defensas empiezan a tener conocimiento de los indicios contra ellos. La AVT coordinará la acusación popular, donde también estará, una vez más, la extrema derecha de Vox, aunque no como actor protagonista.
El auto, notificado este lunes, señala que "todas las acusaciones deberán litigar bajo una única representación y postulación". Al ser la AVT la primera en presentar la querella, ejercerá la dirección letrada de las acusaciones. También se personaron Vox y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Han sido aceptados. Vox ya ejerció la acusación popular en el juicio del procés. Ahora lo hará bajo la batuta de la AVT, eso sí.
El juez instructor Manuel García Castellón ha admitido a trámite su querella en calidad de acusación popular, previo pago de una fianza de 8.000 euros. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo dicen que son "conscientes de la elevada suma" pero que, "dada la trascendencia de los hechos, haremos todos los esfuerzos necesarios para poder ser parte en este proceso judicial".
En su querella, la Asociación de Víctimas del Terrorismo argumentaba que los CDR "han venido manteniendo una inicial estrategia de desobediencia civil inicialmente no violenta", pero que "con el paso del tiempo ha desembocado bajo sus tesis secesionistas en la adopción de actitudes violentas". El escrito sostenía que los investigados "se concertaron para cometer una serie de actos violentos dentro del proyecto secesionista y con la evidente finalidad de pretender subvertir el orden constitucional".
Equipos de Respuesta Táctica
Según la AVT, el juez instructor Manuel García Castellón ha admitido a trámite su querella en calidad de acusación popular, previa prestación de una fianza de 8.000 euros. Desde la asociación dicen que son "conscientes de la elevada suma" pero que, "dada la trascendencia de los hechos, haremos todos los esfuerzos necesarios para poder ser parte en este proceso judicial".
El pasado 26 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón envió a los siete miembros de los CDR a prisión provisional sin fianza después de cuatro horas de declaraciones. Los presuntos delitos: pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Los encarcelados formarían parte de una supuesta organización llamada Equipos de Respuesta Táctica (ERT).
El magistrado instructor describió estos ERT como "una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la República Catalana por cualquier vía, incluidas las violentas".