Nuevo golpe a uno de los investigados en el caso Volhov, centrado en la financiación del movimiento independentista en el exilio y de negocios particulares de expolíticos. La Audiencia de Barcelona ha validado que se reenvíe a la fiscalía europea una conversación del exdirigente de Convergència y consultor, David Madí, sobre el posible asesoramiento en obtención de ayudas del fondo Next Generation, por si puede constituir un delito de defraudación de subvenciones europeas. La fiscalía se había opuesto, como su defensa.

En verano, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, resolvió derivar esta conversación bajo sospecha e intervenida el 20 de octubre del 2020 por la Guardia Civil. En ella, Madí habla con un pariente y apoderado de la consultora, Joan Ferran Oliva, y le explica que ha estado en una reunión de Foment del Treball, con unos 60 asistentes, y el entonces portavoz del Gobierno socialista Iván Redondo, en la cual hablan de cómo se repartirán los fondos, y que hay que preparar una asesoría para ofrecerla a los empresarios de cómo obtener las ayudas. En concreto, Madí, según la Guardia Civil, le dice: "Hace falta establecer un canal y entrar... Me vi con Foment y tuvimos una reunión de pequeño comité con Iván Redondo... Eso sería una merienda de negros. Son 140.000 millones de euros."

Acción "lícita"

Para la defensa de Madí, ejercida por la penalista Olga Tubau, la conversación es una simple intervención para preparar el asesoramiento como consultor, acción "lícita y como hacen muchas empresas", y no afirma nada sobre el reparto de fondos europeos. El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado tampoco veía ningún hecho delictivo en la conversación, ni se consuma ninguna acción.

Por el contrario, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona expone, en una resolución del 23 de diciembre pasado y comunicada hoy, que "tampoco se podría descartar, que dada la investigación actual sobre fraude en subvención, la finalidad que animara al investigado fuera la de desviar los fondos públicos obtenidos e invertirlos ilícitamente". Y por eso hay que ponerlo en conocimiento de la fiscalía europea.

 

La Audiencia de Barcelona también descarta el razonamiento de la defensa de Madí que la ley LO 9/2021 fija que es la Fiscalía General del Estado quien tiene que derivar una causa relacionada sobre delitos contra la hacienda pública de la Unión a la fiscalía europea. No obstante, la sección 21 interpreta que "la consecuencia de esta disposición que recoge la ley no puede ser la de prohibir cualquier actuación de un órgano judicial que conozca de algún indicio de la presunta comisión de estos delitos". Añade que la ley también recoge que los juzgados de instrucción pueden hacer las primeras diligencias, pero tienen que informar a los fiscales europeos, "sin dilación", como asegura de que ha hecho al juez Aguirre.

En el caso Volhov, hay actualmente una veintena de investigados. Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell son los principales. En concreto, se les  investiga por haber utilizado sus contactos políticos para hacer negocios particulares. Y la parte sobre Tsunami,  el juet Aguirre la derivó en la Audiencia Nacional, que continúa bajo secreto de sumario.

 

Foto principal: El exdirigente de CDC David Madí / ACN