El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados a la operación Judas. La Fiscalía pidió esta acusación y el magistrado ha seguido el mismo criterio que el ministerio público. Además, a nueve de ellos les imputa tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
El titular de Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que este grupo formaba dentro de los CDR el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación de esta célula viene motivada, según el juez, por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se mostraran totalmente entregados a "la causa", habiéndoles sido encargada la realización de las acciones más sensibles.
Todos los investigados, dice el instructor, comparten principios ideológicos favorables a la independencia y al activismo radical para conseguirla. Su objetivo final como organización sería conseguir la independencia de Catalunya, utilizando para eso la violencia en su máxima expresión.
El criterio de la Fiscalía seguido por el juez
El ministerio público considera que los nueve encausados planeaban atentados, sabotajes y un asalto al Parlament como respuesta a la sentencia contra los líderes independentistas. La Fiscalía estima que las pruebas aportadas al caso acreditan que los implicados tenían objetivos "previamente seleccionados" contra los cuales querían atentar.
El fiscal también considera que los acusados habrían ido más allá de la actividad de los CDR para organizarse al margen y promover ataques violentos. Concretamente, especifica en su escrito: "Los investigados habrían superado la actividad dentro de sus respectivos CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, el objetivo de la cual sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para eso los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en dos domicilios particulares".
Para el fiscal, queda probado que la supuesta organización terrorista paralela que crearon los afectados buscaba "conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando de manera coercitiva las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".
Si bien la misma Fiscalía señala que la supuesta organización terrorista que conformaban los nueve encausados era paralela a los CDR, el fiscal no ha desaprovechado la ocasión para asegurar que estas organizaciones rechazan seguir las vías legalmente establecidas por el estado de derecho.