La Caixa de Solidaritat ha hecho un llamamiento este martes para que la ciudadanía haga aportaciones con el objetivo de hacer frente "al abuso" del Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat, a quien les reclama una fianza de 5,4 millones de euros.
El presidente de la entidad, Pep Cruanyes, ha denunciado la acción "absolutamente descarnada" y "delirante" del tribunal en un acto con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri. Los dos han celebrado la creación del Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros, para dar cobertura a reclamaciones como la del Tribunal de Cuentas por parte del Govern. Sin embargo, han lamentado que es una "solución temporal", porque los embargos se harán efectivos tarde o temprano.
"Haremos lo posible y lo imposible para recuperar estos millones de euros destinados a fianzas injustas de todo tipo", ha advertido en rueda de prensa Cruanyes, que también estaba acompañado por el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y por el activista Francisco Garrobo.
Recuperar 4 millones
Cruanyes también ha anunciado que han presentado un escrito en el juzgado número 13 para que devuelvan a la Caixa de Solidaritat los 4 millones de euros que también les obligaron a consignar en el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto, considera que es un pago duplicado: "Es una cuestión de justicia".
Después de concretar que actualmente hay 400.000 euros en la Caixa de Solidaritat y que, en los últimos días, han notado un incremento de nuevas aportaciones, Cruanyes ha argumentado que, en caso de que les devolvieran estos 4 millones de euros, podría ayudar a los afectados por el Tribunal de Cuentas.
También ha recordado la acción de este organismo contra los impulsores de la consulta del 9-N de 2014, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo no admitiera los recursos de casación presentados por el expresident de la Generalitat Artur Mas y siete ex altos cargos de la Generalitat contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019, que les condenó a devolver 4,9 millones de euros.
"El Tribunal de Cuentas es el órgano que, en esta deriva de la justicia española, ha encontrado como herramienta de represión económica, y que nos recuerda lo que fueron durante el franquismo los tribunales de excepción", ha lamentado.