La causa general contra el procés independentista que surge de la investigación del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, a partir de las declaraciones de Santiago Vidal y las detenciones y cacheos del 20-S del 2017, continúa.
Los altos cargos del gobierno de Puigdemont continúan la instrucción. Y aunque alguno de ellos han sido derivados al TSJC por su condición de aforados, la gran mayoría continúan en manos de la jueza del 13, Alejandra Gil. Prácticamente la totalidad son altos cargos del Gobierno pero algunos, con el cambio del ejecutivo, ya no ostentan el cargo.
Hoy, como segunda parte de las declaraciones del pasado 15 de junio, están citados a declarar el director de Catalunya Radio, Saül Gordillo, el exdirector de Comunicación del Govern, Jaume Clotet y el exdirector de la delegación del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj. Están citados a primera hora de la tarde en la Ciutat de la Justícia. Tal como pasó con los altos cargos citados la semana pasada, todo hace prever que se acogerán a su derecho a no declarar.
Todos los acusados, tanto los que declaran hoy, como los que lo hicieron la semana pasada, están citados después de que la Audiencia ordenara a la magistrada volver a tomarles declaración por algunas resoluciones del Tribunal Constitucional que habrían desobedecido y sobre el cual todavía no se les había preguntado a instrucción. En total hay una treintena de altos cargos citados a declarar por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
Una vez hayan pasado los altos cargos que faltan, la instrucción encarará el tramo final. Se espera que después del verano se haga ya la apertura de juicio y las partes presenten sus escritos. Será en este momento cuando se conozcan las penas que pide para ellos la Fiscalía y cuántos años de prisión pueden entrar en juego. El Ministerio Público considera a todos los procesados en la causa de artífice del referéndum del 1-O, el brazo ejecutor del Gobierno, parte del cual está ya juzgado y condenado y pendiente de los indultos que podrían llegar esta misma semana.
Acogidos a su derecho
La semana pasada declararon buena parte de los acusados, entre los que estaba citada la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Garriga ahora es aforada y su caso se trasladará al TSJC. El resto de acusados se acogieron a su derecho a no declarar. La semana pasada se personaron, entre otros, Aleix Villatoro, secretario general de Relacions Institucionals i Exterior, Joaquim Nin, el exsecretario de Difusió i Atenció Ciudadana del Departamenè de Presidencia, Rosa Vidal la ex-interventora de la Generalitat, así como de la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, el director de TV3, Vicenç Sanchis, y el exdirector de Mitjans de Comunicació, Ignasi Genovès. Todos ellos se han negado a declarar ante la magistrada.
El Tribunal de Cuentas, por su cuenta
En paralelo el Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha su propia maquinaria. Para apretar a los altos cargos económicamente, como ya pasó con Artur Mas por el 9-N, se les reclama los gastos del Diplocat entre el 2011 y el 2017. Se investiga los pagos provocados por la acción exterior de la Generalitat y se especula con una fianza millonaria. El Tribunal de Cuentas los acusa d eefectuar un gasto irregular para financiar el procés independentista e incluye viajes oficiales.
La rama abierta por el Tribunal de Cuentas afecta a Javier Acín, Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Virginia Astigarraga, Luca Bellizzi, Luis Bertrán, Albert Carreras, Adam Casals, Francesc Cubel, Ewa Adela Cylwik, Ramón Font, Francesca Guardiola, Erick Hauck, Marie Katinka Elisabeth Kapretz, Manuel Manonelles, Sergi Marcén, David Mascort, Joaquim Nin, Maryse Olivé, Mar Ortega, Juan Prat, Pere Puig, Albert Royo, Andrew Scott Davis, Jordi Serra, Josep Manuel Suárez Iborra, Mireia Vidal, Rosa Vidal, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria. Están citados a comparecer el 29 y 30 de junio.
Esto en cuanto a los ex altos cargos investigados por el juzgado número 13 que también tienen causa abierta en el Tribunal de Cuentas. Pero este tribunal mantiene en su investigación, también, a los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y muchos otros exconsellers como Raül Romeva, Jordi Turull y Andreu Mas-Colell. Solo por el trabajo del Diplocat se reclaman 4,5 millones de euros.