El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha recibido de parte del Tribunal Supremo la causa abierta contra la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, por prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude a la administración, ya que en marzo dejó de ser diputada en el Congreso. El caso vuelve a Catalunya por la condición de aforada de Borràs.

El Supremo acordó la apertura de procedimiento en Borràs el 17 de diciembre de 2019 después de estudiar la exposición razonada remitida por la magistrada del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona que apuntaba que Borràs habría troceado varios contratos para poder adjudicarlos a un conocido suyo cuando era directriz de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

El caso saltó al Tribunal Supremo en el momento que Borràs accedió al escaño del Congreso de los Diputados por Junts per Catalunya. Allí, el 20 de julio del 2020, se la citó pero Borràs se acogió a su derecho a no declarar negándose a colaborar con la justicia española. Ahora el caso lo instruirá al magistrado Jordi Seguí de la sala de lo civil y penal del TSJC.

A principios de abril, una vez acreditada la baja en la condición de diputada del Congreso y por lo tanto la pérdida de la condición de aforada de Laura Borràs, sin que se haya procedido a la apertura de juicio oral, el Supremo decidió enviar al TSJC el caso, en lo que también ha investigado Isaías Herrero Florensa.

La secretaria del TSJC ha pedido en la fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia del TSJC para instruir la causa.

Los hechos

Los hechos que se investigan se sitúan entre los años 2013 en el 2017 por|para el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, por incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo pertinente para tratarse de trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC durante un periodo superior a los cuatro años".

Eso según la investigación, que concluye que el objetivo era "poder acudir a la adjudicación directa con la intención de favorecer personalmente a Isaías Herrero Florensa, directamente o a nombre de otras entidades tras las cuales se ocultaba.

La investigación cuantifica el dinero adjudicado a Isaías Herrero o a las entidades "en que se ocultaba", en 259.863,00 euros.