El diputado y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà (CUP), acompañado de la presidenta del Parlamento, Laura Borràs; la vicepresidenta primera, Alba Vergés; la secretaria segunda Aurora Madaula, y el secretario cuarto, Ruben Wagensberg, ha afirmado hoy que la mayoría independentista de la Mesa da "una respuesta unitaria para defender a todas las personas represaliadas" y en la Comisión del Estatuto del Diputado de este mediodía se aprobará un dictamen en el cual se defiende que una condena no se ejecutará hasta que no sea firme. Ha añadido que tienen el apoyo de los comuns y del PSC, que se suman a los grupos independentistas de la CUP, Junts y ERC. El dictamen, definido como "un escudo para los diputados" se tiene que llevar al pleno del Parlamento, previsiblemente el 23 de diciembre.
Ciertamente, solamente las diputadas de Cs, Vox y el PP han votado en contra de este dictamen, que se ampara en la norma del Parlament. La diputada Isabel Lázaro de VOX ha asegurado que han denunciado este acuerdo "a los juzgados de Lleida", refiriéndose a la junta electoral, mientras Lorena Roldan (PP) y Ana Grau (Cs) han insistido a afirmar que "La Loreg está por encima del reglamento del Parlamento". Por contra, el diputado del PSC David Pérez ha manifestado con claridad que "ahora se ha de defender el dictamen porque cumple lo que dice el reglamento de la cámara", y más adelante se verá la evolución jurídica del caso.
"No seré el último diputado independentista inhabilitado", ha afirmado Juvillà, y ha leído un comunicado conjunto de la Mesa: "Ante la represión estaremos unidas y firmes para denunciar el abuso de poder contra los diputados y el Parlamento." El diputado cupaire ha manifestado que "estas condenas no tienen razón jurídica y es la aplicación del Derecho penal del enemigo por parte de la judicatura española" y ha defendido "la soberanía del Parlamento". El diputado ha insistido: "Constantemente el poder judicial innova contra el movimiento independentista."
La Comisión del Estatuto de los Diputados se ha reunido hoy, al mediodía, para tratar la situación del diputado de la CUP, después de ser condenado el martes por|para el TSJC a seis meses de inhabilitación a cargo público por haber mantenido unos lazos amarillos en el despacho que el grupo de la CUP tiene en La Paeria de Lleida, durante las elecciones del 2019, y que no quitó a pesar de los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) alegando que se amparaba en el derecho a la libertad de expresión.
Dos interpretaciones del Supremo
La condena de Juvillà se discute ahora en dos escenarios: la vía penal y la vía administrativa, con la Junta Electoral Central (JEC). La condena no es firme y por eso el reglamento de la cámara catalana no prevé todavía la retirada del escaño. La defensa del diputado ha anunciado que presentará recurso de casación al Tribunal Supremo. Sin embargo, tal como pasó con el presidente Quim Torra, Ciutadans y Vox ya han anunciado que pedirán a la Junta Electoral Central (JEC) que inste de manera inmediata el Parlamento para que retire el acta al diputado anticapitalista alegando la "ilegibilidad sobrevenida" que, consideran, recoge la Loreg y que el Supremo, en el caso de Torra (STS 572/2021), avaló.
La CUP, sin embargo, interpreta de forma diferente esta misma sentencia del Supremo, la cual señala que el Parlamento no había hecho uso de sus competencias para retirar o no el escaño en Torra. Con todo, la sentencia del alto tribunal español no es lo bastante tajante y valida tanto la acción del Parlamento como la de la JEC. El partido anticapitalista ya introdujo un registro a la mesa del Parlamento en que pide que se abra el procedimiento que corresponda a raíz de la sentencia del TSJC que afecta al diputado Juvillà, petición que la mesa ya trasladó a la comisión del Estatuto del Diputado, que por mayoría ha aprobado el dictamen que, por ahora, protege al diputado de la CUP.
Foto principal: La Mesa independentista con Pau Juvillà /M.P.