Mientras el Gobierno sigue sin dar respuestas a la altura de la gravedad de los hechos del espionaje a líderes independentistas, en el Parlament empieza a caminar la comisión que investigará el CatalanGate. La propuesta la registraron justo hace una semana de manera conjunta los partidos independentistas y los Comuns, y este martes la Mesa ha validado su aprobación, que no tendrá que pasar por Pleno, ya que el artículo 67.3 del Parlament establece que se puede crear una comisión de investigación si es pedida por una tercera parte de los diputados o por tres grupos parlamentarios, hecho que se da en este caso. Así pues ahora el próximo paso será decidir quién preside y lidera la comisión, y cuántos diputados presenta cada grupo.
Esta iniciativa nace después de que en el Congreso de los Diputados se hayan torpedeado intentos de hacer comisiones de investigación sobre esta cuestión y se estén limitando las explicaciones a una comisión a puerta cerrada. Así pues, ERC, Junts, CUP y Comuns se pusieron de acuerdo la semana pasada para impulsar esta iniciativa, presentada como propuesta de resolución. Tan pronto como la registraron, las cuatro formaciones compartieron uno comunidad en qué explicaron y justificaron la decisión: "Ya que el Congreso, con los votos del PP y del PSOE, Vox y Cs, ha vetado la comisión de investigación sobre espionaje, los cuatro grupos parlamentarios consideran que el Parlament de Catalunya no puede quedar impasible ante la gravedad de los hechos, en que atentan directamente contra derechos fundamentales. Por eso, defienden la obligación de proteger a los representantes políticos y los ciudadanos, a los cuales de manera indirecta, también se les ha espiado y, por lo tanto, se les ha vulnerado el derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones, entre otros derechos".
La comisión de investigación tendrá como objetivo conocer los detalles de estas intromisiones por parte del Estado a través del CNI u otros organismos públicos. Además, buscará aclarar los detalles de las estructuras orgánicas y técnicas adscritas a los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Vicepresidencia económica y Justicia del Gobierno del Estado Español que hayan participado, de forma directa o indirecta, en la monitorización y control de los afectados y aclarar el alcance temporal. Y no sólo eso, sino que intentará determinar los mandos que han tomado las decisiones y su motivación. Con el fin de aclarar el caso, la comisión también tiene la intención de desvelar los procesos de contratación o si ha existido tutela judicial, así como conocer las tareas de investigación u otras acciones que impulsa el Parlamento Europeo.
Un año de duración con comparecencias de relieve
Con respecto a las formalidades, este órgano podrá llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a la vista de las conclusiones, y exigir, por el caso de que se deriven, las responsabilidades políticas, penales o civiles pertinentes, algo que los independentistas y los Comuns ya han reclamado en numerosas ocasiones estas semanas. La comisión tendrá un año de vigencia, redactará un informe final y elaborará un dictamen que será oportunamente debatido por el Pleno del Parlament. Además, estará integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario y se prevé la posibilidad de que asistan técnicos, responsables políticos, funcionarios públicos y altos cargos de la Administración General del Estado, especialistas, miembros de entidades y otras personas representantes que se pueda considerar de interés y que puedan aportar información relevante para la investigación. Estas son las intenciones de la comisión, aunque fuentes de los grupos impulsores reconocen que chocarán con varios problemas e impedimentos en esta investigación, ya que con toda probabilidad varios representantes del estado español no querrán comparecer para dar explicaciones.