Nuevo distanciamiento de la CUP con el Govern. Si este miércoles por la mañana el presidente Pere Aragonès hacía un llamamiento a los cupaires a volver a subir "al carro", pocas horas después los anticapitalistas volvían a votar contra una iniciativa del ejecutivo. Ha sido contra el decreto del catalán, el instrumento que el Govern defiende que tiene que servir para parar la imposición del 25% del castellano en las aulas. Para la CUP, sin embargo, es todo el contrario y así lo ha manifestado la diputada Nogay Ndiaye, que ha acusado el Govern de haber "facilitado" que la sentencia del 25% del castellano "entre en los centros" mediante la ley y el decreto, y ha indicado que, con estas dos normas, son las "togas" las que deciden los proyectos lingüísticos de los centros.

En más, ha criticado que el decreto hace que la responsabilidad recaiga en los centros, por lo cual "se liga la aplicación de la sentencia a los proyectos lingüísticos", y también ha pedido saber cómo se garantizará el uso del catalán y el castellano en las aulas si no hay aplicación de porcentajes. Y todavía más, para la formación anticapitalista el Govern ha hecho este decreto de espaldas a la gente, por eso Ndiaye ha considerado que es una norma "de despachos" que solo ha tenido el consenso de algunos partidos políticos, sin contar "en absoluto" con la comunidad educativa.

 

Esta oposición de la CUP en el decreto ley no es novedad, y es que los anticapitalistas tampoco quisieron aprobar la ley ad hoc hecha en el Parlament entre PSC, ERC, Junts y comuns que complementaba este decreto. La formación anticapitalista ha defendido desde un inicio una iniciativa propia que fija el catalán como única lengua de uso en la escuela, una propuesta que los cuperos presentaron pero que de momento no ha hecho ninguno paso adelante en el Parlament.

El decreto que este miércoles se ha validado en el Parlament con el apoyo de ERC, Junts y comuns, fue aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo el pasado 30 de mayo, cuando nada más faltaban horas para que acabara el plazo impuesto por el TSJC para acatar la sentencia. El nuevo marco normativo subraya la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" sobre el uso de la lengua y deja claro que es el departamento de Educación quien asume la responsabilidad del proyecto lingüístico de cada centro. Entró en vigor el mismo 30 de mayo cuando se publicó en el Documento Oficial de la Generalitat, y ahora sólo faltaba que fuera ratificado en el Parlament. Los partidos de la derecha intentaron parar su trámite parlamentario llevándolo al Consejo de Garantías Estatutarias, pero este órgano lo avaló con unanimidad y aseguró que a diferencia de lo que denunciaban Vox, Cs y PP, el decreto no vulnera la Constitución ni el Estatuto. En su intervención inicial, el titular de Educación ha defendido esta norma ante una "situación judicial anómala" y ha explicado que a este decreto seguirá otro sobre la elaboración de los proyectos lingüísticos.