Son el único partido independentista que ha crecido claramente doblando —de largo— los escaños obtenidos: de 4 a 9. La CUP, que desde 2015 ha tenido la llave de la gobernabilidad, ha visto reforzados sus planteamientos y responde al premio de las urnas preparándose para enfundarse un nuevo traje, el institucional. Si hasta ahora los anticapitalistas habían preferido siempre mantenerse vigilantes desde la oposición, esta vez entienden que el partido "tiene un papel mucho más destacado que en la anterior legislatura". De ahí que la formación haya decidido consultar a las bases sobre el rol que deben asumir a partir de ahora, incluyendo la posibilidad de hacerse cargo de la presidencia del Parlament.
Desde este miércoles y hasta el viernes, la CUP celebrará trece asambleas abiertas parlamentarias. Serán telemáticas, únicamente consultivas y las organizarán las territoriales que el partido tiene desplegadas en Catalunya. El resultado de las conclusiones se trasladará al consejo político que tendrá lugar el sábado. Para guiar el debate, el secretariado nacional ha facilitado un documento base a la militancia.
La pauta para la discusión de las asambleas parte de la tesis que la CUP ha defendido durante la campaña, que es que "la única opción para avanzar ante la negación sistemática de las mínimas concesiones en materia social y nacional" es la "ruptura democrática". A efectos prácticos, lo traducen en la necesidad de acompasar la acción popular, en la calle, con la institucional. Y ponen un ejemplo práctico: si el TC acaba tumbando la ley de regulación del precio de los alquileres impugnada por el PP, la respuesta tendría que combinar la movilización ciudadana con la defensa de la soberanía del Parlament a través de una nueva ley.
La dirección cupaire pide a la militancia que se pronuncie sobre "en qué grado se tienen que asumir responsabilidades en clave institucional y en función de qué acuerdos". En este sentido, se expone que el papel de la Mesa del Parlament es determinante para "hacer frente a los ataques del TC a la soberanía" de la cámara catalana. Sobre este punto dejan claro que es imprescindible contar con "un posicionamiento dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de los derechos fundamentales desde la institución". Una manera de garantizarlo sería coger las riendas situándose en la presidencia del Parlament.
Dependerá de ERC y Junts
Los anticapitalistas defienden que con los resultados del 14-F en la mano tienen derecho a un puesto en la mesa. Este órgano, que marca el paso en la cámara catalana, lo integran siete representantes: el presidente, los vicepresidentes primero y segundo y los secretarios primero, segundo, tercero y cuarto. Según el reparto de fuerzas de las elecciones, al PSC, ERC y Junts les corresponderían dos sillas a cada uno. La plaza restante sería para el cuarto grupo parlamentario, en este caso, Vox. Como el resto de partidos se han comprometido a hacer un cordón sanitario a la extrema derecha, los siguientes en la lista son los cupaires. Si así fuera, el independentismo volvería a tener mayoría en la Mesa.
En cualquier caso, que la CUP pueda llegar a la presidencia del Parlament está en manos de la voluntad de los dos principales partidos independentistas en la cámara catalana, ERC y Junts per Catalunya. Dependerá, por lo tanto, de cómo evolucionen las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès y la formación de Gobierno. Los de Puigdemont defienden de puertas adentro que, si se sigue el patrón de las últimas legislaturas, les corresponde ocupar la presidencia del Parlament. La respuesta definitiva, el 12 de marzo, el día que se constituirá el nuevo Parlament.