La CUP-NCG ha llevado al Departament de Interior a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades para denunciar que los Mossos han grabado 55 manifestaciones sin autorización. Según la CUP, la conselleria les ha respondido una pregunta asegurando que en los últimos dos años se habrían realizado 99 grabaciones, de las cuales solo 44 tenían la autorización necesaria.
Los anticapitalistas consideran, en un comunicado, que es una "vulneración flagrante de derechos de protección de datos". Y concretamente, creen que supone una afectación al derecho a la propia imagen, el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y a la participación política, entre otros.
Grabaciones utilizadas para investigaciones
En el comunicado, la formación anticapitalista también alerta que estas grabaciones podrían haber sido utilizadas en investigaciones o procedimientos penales, o para otras finalidades "claramente ilícitas, como generar ficheros con una clara intencionalidad política de control de determinados movimientos políticos y sociales por su orientación ideológica".
El diputado de la CUP en el Parlament Xavi Pellicer manifiesta que "estas grabaciones ilícitas representan una evidencia más de la persecución política por parte de los Mossos d'Esquadra hacia la disidencia política". Así pues y ante estos hechos, la formación anticapitalista reivindica un "mayor control y fiscalización del cuerpo de Mossos d'Esquadra dada la grave vulneración de derechos fundamentales y exige llegar hasta el fondo de esta cuestión".
La CUP fiscaliza Interior
La información proviene de las preguntas que la CUP-NCG hizo a la conselleria de Interior sobre el número de manifestaciones que habían sido grabadas por parte de los Mossos d'Esquadra los últimos dos años y la cantidad que habían sido autorizadas.
Interior ya fue uno de los puntos clave para los votos favorables de la CUP en el actual Govern, y es que el pacto entre ERC y la formación anticapitalista incorporaba la eliminación de las balas de foam y retirar las acusaciones del ejecutivo catalán contra los manifestantes independentistas, exceptuando aquellos casos donde el agente de policía resulte herido y tenga lesiones.
Una de las últimas polémicas entre la CUP y la conselleria de Interior fue la sentencia condenatoria contra el activista independentista, Marcel Vivet. La CUP pidió a ERC y al Govern que se retirara de todas las acusaciones contra el activista, pero los republicanos respondieron que la Generalitat está obligada a defender a los agentes lesionados.
Imagen principal: El diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer / ACN.